FGR
La fiscal general de la república, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que el contralmirante Fernando Farías Laguna será ingresado al penal de El Altiplano, una vez que arribe a México tras ser expulsado por las autoridades de Argentina.
En un mensaje en redes sociales, la funcionaria afirmó que el sobrino político del exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue expulsado por las autoridades del país sudamericano, derivado de la “contundencia de las pruebas aportadas” que lo vinculan presuntamente con una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible por vía marítima.
“A partir de la contundencia de las pruebas aportadas, las autoridades argentinas emitieron el acuerdo de expulsión de Fernando "N", por lo que representantes de esta Fiscalía viajaron a ese país para traerlo a México. Una vez trasladado, será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, donde quedará a disposición del juez de control que lo requirió”, señaló Godoy Ramos.
FGR va por accionistas, apoderados, socios
En este marco, la fiscal reveló que suman 15 detenidos de la presunta red de huachicol fiscal que buscó enriquecerse al margen de la ley, de los cuales 12 son marinos y agentes aduanales, entre los que destacan los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, identificados como cabecillas de la red criminal denominada “Los Primos”.
“Como resultado de las indagatorias de esta Fiscalía y la coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, además de Fernando “N”, han sido detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales 15 personas más, entre ellos 12 exservidores públicos”, comentó.
Asimismo, destacó que la afectación económica a la organización criminal, asciende a más de 340 millones de pesos por los millones de litros de hidrocarburos recuperados en los buques asegurados el año pasado.
Anunció que, derivado de nuevas investigaciones sobre el modus operandi de la red, se solicitarán nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados, socios y enlaces, en seis estados de la República, relacionados directamente con la distribución ilegal de combustible.