Fiscalía de Durango registra 651 denuncias por fraudes, en 6 meses de 2026
El delito de fraude acumuló 651 carpetas de investigación durante el primer semestre de 2026 en Durango, de acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La mayor concentración de este delito se registró en el municipio de Durango, con 400 casos, equivalentes a poco más del 61 por ciento del total estatal. Le siguieron Gómez Palacio, con 101; Santiago Papasquiaro, con 25; Lerdo, con 15; Cuencamé, con 14; Guadalupe Victoria, con 13; Nombre de Dios, con 11, y Poanas, con 10. En conjunto, estos municipios concentraron la mayor parte de los registros reportados entre enero y junio.
El comportamiento mensual mostró una disminución gradual en el número de casos a nivel estatal, considerando que la Fiscalía General del Estado recibió 127 denuncias en enero, 120 en febrero, 105 en marzo, 103 en abril, 99 en mayo y 97 en junio.
Sin embargo, la capital duranguense mantuvo un nivel elevado de incidencia, con 58 casos en enero, 57 en febrero, 67 en marzo, 84 en abril, 67 en mayo y 67 en junio. Gómez Palacio, por su parte, pasó de 46 casos en enero y 35 en febrero a siete en marzo y entre cuatro y cinco casos mensuales durante el resto del semestre.
¿Qué es el delito de fraude?
El artículo 210 del Código Penal del Estado establece que comete fraude quien, mediante engaño o aprovechándose del error de otra persona, obtiene ilícitamente una cosa o alcanza un lucro indebido para sí o para un tercero. La legislación contempla diversas conductas específicas dentro de este delito, entre ellas la obtención de dinero mediante promesas o servicios que no se cumplen, la disposición indebida de bienes y determinadas operaciones realizadas con ánimo de lucro.
Las consecuencias legales dependen del valor de lo defraudado. El artículo 212 establece desde seis meses hasta dos años de prisión o multa, cuando el monto no excede de 15 UMA; de uno a cuatro años de prisión o multa cuando supera ese límite y no rebasa 90 UMA; y de dos a seis años de prisión, además de multa, cuando excede 90 y no supera 600 UMA. Para montos superiores, las penas pueden alcanzar de cuatro a ocho años, o de seis a 12 años de prisión, según la cantidad involucrada, además de las multas previstas en la ley.