La decisión de adelantar más de un mes las vacaciones del calendario escolar desde preescolar hasta educación media superior es una muestra más de la forma de tomar decisiones por parte del régimen: sin planeación y, muy seguramente, mintiendo sobre la verdadera motivación de una decisión que afecta a millones de niñas, niños y a sus familias.
Cualquier persona con hijos en edad escolar ha pasado alguna vez por las dificultades que implica organizar la logística familiar para asegurar los cuidados de las infancias cuando por alguna razón no pueden asistir a la escuela. Sea una cuestión del calendario escolar, por ejemplo, días de asueto oficiales atendiendo alguna fecha conmemorativa o celebración cívica, o las ocasiones en que las infancias requieren cuidados por instrucción médica y no pueden asistir a la escuela.
En cada ocasión que las y los niños no pueden asistir a su jornada escolar la carga de cuidados se traslada a la familia, y dentro de ésta, a las madres, quienes generalmente tienen una carga mayor cuando se trata de cuidados de las infancias.
Aun conociendo la incompetencia del régimen a la hora de tomar decisiones públicas, ¿será posible que no hayan imaginado la forma en que las familias tendrán que cambiar sus actividades por casi mes y medio para poder proveer de cuidados a las infancias que no asistirán a clases durante todo este periodo?
Claramente las consecuencias de una decisión de esta naturaleza estaban a la vista de quienes tomaron la decisión de adelantar el periodo vacacional. Las autoridades sabían que trasladar los costos de esta decisión a las familias tendría un costo político, tal vez no dimensionaron la magnitud, pero prefirieron sondear la reacción de la sociedad y así evitar la posibilidad de una confrontación directa con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde hace semanas había amenazado con hacer manifestaciones durante la copa mundial de futbol.
La disyuntiva es evidente para un gobierno que se dice de izquierda, que viene de un movimiento político que tiene sus raíces en la protesta social y que se asume como protector del pueblo, no como su represor. Por un lado, quiere evitar a toda costa que se le etiquete como un gobierno represor, y por otro, quienes ocupan cargos públicos de elección popular, desde la Presidenta de la República hasta los alcaldes, se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la Constitución las leyes que de esta emanan.
La posibilidad de una intervención de la fuerza pública para la liberación de vías de comunicación o espacios públicos es algo que el régimen quiere evadir a toda costa para evitar que una consecuencia no planeada de este tipo de operativos, que en este caso sería la muerte de maestras o maestros que ocupen las vías de comunicación o los espacios públicos como forma de presionar al gobierno federal para atender sus demandas.
Es preciso enfatizar que de ninguna manera una intervención de la fuerza pública que depende de autoridades civiles se puede comparar con la intervención militar y paramilitar que se dio en 1968 o 1971 para terminar con las protestas estudiantiles de esos años.
Si esta hipótesis es cierta, la valoración política del régimen para evitar la confrontación directa con la CNTE vulnera los derechos de millones de niñas y niños a una educación de calidad, además de que traslada los costos de una decisión política a las familias, que, de mantenerse la decisión, tendrán que modificar sus rutinas cotidianas por mes y medio para permitirle al gobierno renunciar a su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley por temor a ser catalogado como un gobierno represor.
X: @jesusmenav