Hace algunas semanas escribí en estas páginas que los órganos electorales habían sido reducidos por el régimen a una caricatura de lo que deberían ser instituciones que garanticen procesos electorales democráticos. Hoy, además de eso, por primera vez en más de tres décadas la persona que preside el Consejo General está bajo sospecha de participar en actos que, por lo menos, configuran un evidente conflicto de interés con un proveedor del Instituto.
Los audios y videos publicados en la prensa nacional respecto a los vínculos personales de Guadalupe Taddei, la presidenta del INE, con un proveedor del Instituto rompe con las más elementales reglas de ética y las normas que existen para que cualquier servidor o servidora pública evite conflictos de interés al desempeñar un puesto de responsabilidad en cualquier organismo público.
El material difundido en los últimos días da cuenta del resultado, de sobra conocido, de una combinación que frecuentemente encontramos en nuestro país: funcionarios y funcionarias que buscan controlar el presupuesto público, ese que usted y yo pagamos, como si se tratara de su patrimonio personal; la falta de contrapesos institucionales y empresarios que están dispuestos a participar en el engranaje de la corrupción.
Gracias a estas investigaciones periodísticas el resultado está a la vista: fiestas privadas y viajes de lujo al extranjero pagados por las ganancias de los contratos por cientos de millones de pesos que se otorgaron, probablemente, con la intervención directa de funcionarios y funcionarias en los niveles más altos de la institución.
Además de la posibilidad que tiene la Presidenta del INE de enfrentar procesos políticos, administrativos o penales en lo personal, lo más importante de toda esta trama es el impacto negativo en la credibilidad de la institución: si quién dirige el INE está en una condición de extrema vulnerabilidad por la sospecha de uso indebido de recursos públicos, que garantías tiene la ciudadanía de que no cederá, aún más de lo que ya lo ha hecho, ante las demandas del régimen para intentar manipular el resultado de la elección del próximo año en la que el INE contará los votos.
La situación de extrema vulnerabilidad en que se ha puesto la Presidenta del INE respecto al manejo de las contrataciones, tanto de personal como de bienes y servicios, e incluso permitir, directa o indirectamente, que personas ajenas a la institución ordenen a altos funcionarios el resultado de una licitación, hace que sea muy complicado que siga al frente de la institución.
Notas periodísticas indican que la decisión de su salida estaría ya tomada desde Palacio Nacional ante el alto costo político que significa mantenerla en esa posición, algo que se pudiera confirmar por las expresiones legisladores federales afines a la Presidenta de la República solicitando juicio político a la Presidenta del INE y el anuncio de auditorías al Instituto por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Si la salida de Guadalupe Taddei se concreta, falta ver en que condiciones (renuncia voluntaria o juicio político) y cuáles serán las consecuencias si se comprueba su intervención o anuencia en los procesos de contratación del INE e incluso para que personas ajenas a la institución intervinieran en éstos.
Lo importante para el régimen de cara a las elecciones del año entrante es que quien esté al frente del INE pueda mejorar, aunque sea un poco, el nivel de confianza ciudadana del árbitro electoral, el cuál debe de estar muy por debajo de lo que tenía antes de la llegada del régimen en 2018 y con éste la eliminación o cooptación de organismos constitucionales autónomos, como sucedió en el INE.
X: @jesusmenav