La justicia federal falló en contra del cobro del impuesto predial 2026 en la capital duranguense, luego de conceder el amparo a un ciudadano inconforme y declarar inconstitucional el método utilizado por la autoridad municipal para calcular dicho gravamen, informó Enrique Antonio Dick Rodríguez, director de DRC Consultores Fiscales.
Parte de la sentencia del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, perteneciente al Vigésimo Quinto Circuito, establece que el sistema aplicado presenta deficiencias en un elemento esencial del impuesto: la base gravable, es decir, el criterio mediante el cual se determina cuánto debe pagar cada contribuyente. Al no existir claridad y certeza jurídica suficientes, el juzgado concluyó que el cobro viola principios constitucionales.
Como consecuencia directa del fallo, el Ayuntamiento de Durango deberá dejar sin efectos ese esquema respecto de las personas que promovieron el amparo, además de devolverles las cantidades pagadas por concepto de predial 2026, actualizadas conforme a la ley.
El primer fallo judicial sobre el tema ocurre meses después de las manifestaciones ciudadanas registradas en enero, cuando decenas de personas protestaron por los incrementos al predial y llevaron su inconformidad hasta sesiones de Cabildo, donde reclamaron públicamente ante regidores y el Presidente Municipal.
Con esta primera sentencia, la inconformidad social recibió respaldo judicial, al confirmarse que existían irregularidades en la forma de cobro denunciada por los contribuyentes, por lo que se espera que el resto de amparos sea resuelto en el mismo sentido.
Especialistas consultados por El Siglo de Durango consideran que la resolución podría convertirse en antecedente para nuevos amparos y abrir un debate sobre la necesidad de modificar el esquema de cobro del Predial en Durango.
Tras el fallo del juez federal, se espera que en próximos días más ciudadanos se acerquen a las oficinas de la consultora, ubicadas en Distrito Hampton, para solicitar asesoría al respecto, además de una respuesta del Ayuntamiento de Durango, para saber cómo procederá con el cumplimiento ordenado por el juez.