La CEDH registra un repunte de quejas contra autoridades de Durango
Durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) registró un acumulado de 696 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el informe del organismo autónomo, la recepción mensual de señalamientos mostró un repunte significativo en el mes de agosto, cuando se contabilizaron 138 quejas, la cifra más alta registrada en lo que va del año. En los meses previos se reportaron 63 quejas en enero, 80 en febrero, 93 en marzo, 72 en abril, 79 en mayo, 97 en junio y 74 en julio.
Las autoridades más señaladas en el periodo enero-agosto de 2026 fueron principalmente las corporaciones de procuración de justicia, ya que los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado acumularon 64 quejas, mientras que la Policía Investigadora de Delitos de la registró 61.
La Presidencia Municipal de Lerdo se ubicó en tercera posición al acumular 58 quejas, mientras que el Gobierno del Estado tuvo 52 quejas, ocupando el cuarto lugar.
Por otro lado, las Escuelas Primarias acumularon 46 quejas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 38, las Escuelas Secundarias 34 quejas, la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango tuvo 24 quejas y el Centro de Reinserción Social No. 1 registró 20 quejas.
En 43 expedientes no se logró identificar una autoridad gubernamental.
Entre los principales motivos de queja están: Prestar indebidamente el servicio público; Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; Trato cruel, inhumano o degradante; Detención arbitraria; Acciones y omisiones contrarios al derecho a la conservación al medio ambiente; Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia; Prestar indebidamente el servicio de educación; Omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho; y Permitir la ejecucion abusiva de facultades que otorga la ley por parte de las autoridades en las relaciones laborales.