No recuerdo un momento en donde el INE haya estado tan cuestionado; un día sí y otro también se revela nueva información, que pone de manifiesto que algo no está bien. Cuando se habla más del árbitro electoral que de los actores políticos o del proceso electoral, queda claro que la crisis sigue presente.
Indudablemente, la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en medio de señalamientos de presunta corrupción es una gran sacudida que obliga a esclarecer responsabilidades, pero al mismo tiempo debe abrir una discusión y reflexión sobre si sigue vigente el actual modelo de elección de consejerías y si es necesario fortalecerla; a una democracia no le conviene tener un árbitro electoral débil o cuestionado. Vayamos por partes.
Ante las vacantes de Consejerías Electorales del INE, nuestra Constitución establece un procedimiento complejo donde intervienen varios actores y que combina evaluación técnica y decisión política. Primero, la Cámara de Diputados emite una convocatoria pública, que por cierto se estima que en esta ocasión sea dirigida a mujeres, se integra un Comité Técnico de Evaluación de 5 personas: tres nombradas por la Junta de Coordinación Política y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; este comité revisa requisitos e idoneidad y propone cinco aspirantes por cada vacante.
A partir de esta quinteta, la Junta construye acuerdos y presenta las propuestas al pleno, donde se requiere el voto de dos terceras partes de las diputaciones presentes. Si vencen los plazos sin concretarse la designación, procede la insaculación, es decir, un sorteo entre las personas seleccionadas: primero en la Cámara y, si tampoco se realiza, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este modelo busca que los conocimientos y la trayectoria se combinen con un respaldo político amplio; sin embargo, una mayoría calificada no garantiza por sí misma independencia, especialmente cuando una coalición puede reunirla sin negociar con otras fuerzas. Y, por supuesto, que tampoco integrar una quinteta demuestra que los criterios utilizados distingan al perfil más adecuado.
Aunque ya es imposible concretar una nueva reforma para fortalecer este proceso de designación, sí es necesario empezar una reflexión más profunda rumbo a un nuevo esquema, que a mi juicio debería comenzar por la integración del Comité Técnico. Deberíamos involucrar a instituciones académicas, especialistas y sociedad civil organizada mediante procedimientos públicos, hacer más verificables las evaluaciones y, por supuesto, motivar las decisiones.
De igual manera, hay que buscar un esquema de entrevistas comparables y de revisión de conflictos de interés, tanto de los integrantes del Comité como de los aspirantes; en fin, hay que evaluar alternativas sin confundir popularidad con capacidad técnica, ni credenciales académicas con independencia.
Por lo pronto y en pleno proceso electoral, hay que recordar que el INE es más fuerte que una persona, porque su trabajo descansa en órganos colegiados, personal profesional y procedimientos que continúan.
Al final de cuentas, la confianza requiere que la ciudadanía pueda entender cómo se decide y exigir cuentas después; la pregunta sigue en el aire: ¿qué hacemos para que la próxima discusión sobre quién ocupa la presidencia del INE se concentre en su capacidad e independencia, y no en la sospecha de influencias partidistas?
X: @omarortegasoria