En México, la creación de nuevos cargos públicos suele caminar por una delgada línea entre la necesidad administrativa y la conveniencia política. En el discurso, se justifica como un mecanismo para hacer más eficiente la gestión; en la práctica, con demasiada frecuencia, termina siendo un recurso para ampliar la burocracia y saldar compromisos políticos.
El problema es que, cuando los puestos se diseñan sin sustento técnico ni claridad operativa, el aparato público pierde coherencia. Se crean dependencias con nombres rimbombantes, pero con funciones ambiguas o duplicadas que, más que resolver, dejan al ciudadano fuera del centro de atención y lo convierten en mero espectador de un reparto político que poco le beneficia.
El reciente nombramiento de Minka Hernández Campuzano como "Gerente del Centro Histórico de Durango", por parte del alcalde Toño Ochoa, no escapa al contexto citado. Más que una decisión administrativa sólida, confirma esta práctica de sacar de la manga cargos que no tienen razón de ser y que solo están hechos a la medida de los acuerdos políticos.
Esta nueva figura resulta ajena a la estructura tradicional del Ayuntamiento, sin claridad normativa ni operativa. Además, el cuestionamiento no se limita al nombre del cargo, sino al fondo: ¿qué funciones tendrá? ¿Qué facultades reales ejercerá? ¿Qué problema específico viene a resolver que no pudiera atenderse desde áreas ya existentes?
Importante sería saber también cuál es la experiencia de la nueva funcionaria respecto a lo que el cargo le demandará, sobre todo en cuanto a la necesidad de gestionar un espacio urbano tan complejo como el Centro Histórico, donde lo mismo se desarrollan actividades comerciales y culturales, entre muchas otras.
El nombramiento de Minka se inserta en una tendencia del Presidente Municipal de fabricar al vapor nuevas y superfluas áreas administrativas para acomodar a panistas que han quedado fuera, repartiendo el cuarto de pastel que le deja el gobernador Esteban Villegas, quien a su vez ha incrustado perfiles priistas en la estructura.
Ahí están la Secretaría de Gobierno municipal, encabezada por Bonifacio Herrera; la Dirección de Atención Ciudadana, a cargo de Rosa María Ascencio; y el Instituto de Parques Públicos, dirigido por Rubén Salas. Estructuras que, bajo el argumento de mejorar la eficiencia, terminan incrementando la nómina y el gasto público.
En su primer periodo, Toño Ochoa impulsó la fusión de dependencias clave como los institutos de la Juventud, la Mujer, el Deporte, así como áreas de cultura, desarrollo económico y turismo, bajo la premisa de reducir costos y evitar duplicidades. Hoy, el mismo que hablaba de austeridad se contradice apostando por ampliar la estructura administrativa con nuevas figuras cuya utilidad es, por lo menos, cuestionable.
Pareciera que la lógica del Gobierno Municipal no está anclada en un proyecto institucional consistente, sino en la coyuntura política del momento. Se eliminan áreas bajo el argumento de optimizar, pero se crean otras cuando las necesidades políticas lo demandan. Al final, el riesgo es que el Municipio deje de organizarse para servir y comience a estructurarse para repartirse tajadas.
EN LA BALANZA.- El incremento en las denuncias por violencia familiar en Durango, es una señal de alerta que exhibe una problemática estructural que sigue sin ser atendida con la seriedad que requiere. En apenas dos meses, se acumulan 777 casos -concentrados en su mayoría en la capital-, lo cual refleja no solo una mayor disposición a denunciar, sino también la persistencia de entornos de violencia que las políticas públicas no han logrado contener. Mientras las cifras crecen, la respuesta institucional parece quedarse corta: sin estrategias integrales, prevención efectiva ni acompañamiento real a las víctimas, el problema no hará más que escalar.
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