En política, hay acciones pequeñas que terminan revelando problemas mucho más grandes que ellas mismas. En ocasiones, para exhibir las deficiencias de un gobierno, no hace falta una reforma monumental inútil ni anuncios de inversiones rimbombantes que nunca se concretan; basta una iniciativa sencilla que conecte con una necesidad real de la gente.
Eso fue precisamente lo que ocurrió en Durango con la llamada "Fosfo Combi", impulsada mediante la gestión de una asociación civil y del regidor de Movimiento Ciudadano, Pancho Franco. Una iniciativa que nació como una acción sencilla, pero de gran apoyo social para estudiantes afectados por el incremento en la tarifa del transporte público. No obstante, su impacto político terminó siendo mucho mayor de lo esperado.
La propuesta consiste en algo elemental: ofrecer traslados gratuitos a jóvenes que diariamente enfrentan dificultades económicas para llegar a sus escuelas. En una ciudad donde el reciente aumento del transporte pesa cada vez más sobre las familias, la iniciativa encontró rápidamente respaldo ciudadano porque conectó con una necesidad verdadera que el gobierno municipal simplemente no ha atendido.
Lo que queda en evidencia es que el problema no es la camioneta, sino el mensaje político detrás de ella. Una acción modesta terminó exhibiendo que, mientras el Ayuntamiento debate proyectos futuros y habla de posibles autobuses eléctricos para 2027 con la misma intención, un regidor de oposición decidió actuar de inmediato con los recursos que tenía al alcance.
La reacción del alcalde Toño Ochoa deja ver esa incomodidad. Aunque públicamente evitó confrontar a Pancho Franco, casi de inmediato anunció que el Municipio trabaja en un esquema de cinco autobuses gratuitos para universitarios. La maniobra pareció menos una coincidencia y más una respuesta política para no permitir que Movimiento Ciudadano capitalizara socialmente el tema de la movilidad estudiantil.
Sin embargo, lo más revelador vino después. La protesta de choferes y transportistas afiliados a la CTM no se dirigió contra el Alcalde; tampoco contra las críticas por el incremento de tarifas que afecta directamente a miles de estudiantes, sino exclusivamente contra el regidor emecista. Es ahí, precisamente, donde el trasfondo político quedó completamente al descubierto.
Y es que la CTM, como bien se sabe, históricamente ha sido uno de los eslabones estructurales del PRI. Desde siempre ha sido una organización sindical alineada al poder priista y, actualmente -que no se nos olvide-, el gobierno municipal de Durango opera bajo una coalición entre los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.
En ese contexto, resulta difícil interpretar la protesta de los transportistas únicamente como una inconformidad gremial espontánea. La selectividad de las críticas deja la impresión de que el problema no era realmente el transporte, sino que Pancho Franco encabece la iniciativa y le robe reflectores al Presidente Municipal.
En definitiva, la "Fosfo Combi" tocó una fibra sensible y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el modelo de transporte público en Durango capital, sus deficiencias y la ausencia de políticas reales de movilidad social. Porque mientras los concesionarios defienden un sistema cada vez más caro y cuestionado, miles de estudiantes continúan destinando buena parte de sus ingresos únicamente para trasladarse a clases.
Lo preocupante para el gobierno municipal no es entonces la existencia de una camioneta estudiantil. Lo verdaderamente incómodo es que una iniciativa ciudadana haya conectado más rápido con una demanda social que toda la estructura oficial. Insisto: en política, a veces los proyectos pequeños son los que terminan evidenciando los grandes vacíos del poder.
EN LA BALANZA.- Las declaraciones del diputado Bernabé Aguilar sobre la desaparición de jóvenes indígenas exhiben una realidad profundamente grave en las comunidades, donde el silencio no necesariamente significa ausencia de inseguridad o violencia, sino abandono institucional. Lo más alarmante es, por supuesto, que esto siga ocurriendo; sin embargo, el contexto se agrava porque muchas de estas desapariciones ni siquiera existen para el Estado. El miedo, la pobreza, la distancia y la desconfianza en las autoridades impiden denunciar, por lo que las víctimas quedan atrapadas en una doble invisibilidad: desaparecen físicamente y también de las estadísticas oficiales. Cuando un gobierno desconoce cuántos desaparecidos tiene, difícilmente puede presumir que tiene control sobre la seguridad.
X: @Vic_Montenegro