Las Fallas Del Caso Anabel / ¿protecciÓn Oficial? / Verdades Y Rumores Dos casos recientes que se presentaron en Durango han dejado entrever la justicia selectiva que existe en la entidad.
Por un lado, el caso de Anabel, acusada de ser cómplice del robo de un bebé; y por el otro, el asesinato del cantante Óscar Alvarado, afuera de un bar, tras un altercado con un servidor público.
En ambos casos, las familias han exigido el actuar imparcial de la autoridad y que se haga justicia para sus seres queridos, pues los discursos de las autoridades estatales parecen muy distantes a su actuar, prometiendo justicia, pero con serias dudas.
Desde que sucedió el robo del bebé en el hospital Materno Infantil, a finales de octubre pasado, la Fiscalía del Estado ha insistido en tener "pruebas contundentes" contra Anabel, la trabajadora de limpieza que fue acusada de ser cómplice del robo.
Perla Muñoz, hija de Anabel, ha insistido desde entonces que la autoridad estatal se ha encargado de fabricar pruebas contra su madre, lo que la obligó a viajar hasta Ciudad Juárez para exponerle el caso a la Presidenta de la República, denunciando diversas irregularidades que han manchado su proceso legal.
Su tenacidad le valió para que Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de Las Mujeres del Gobierno Federal, la ayudara a recibir ayuda jurídica por todas las irregularidades en el caso, donde acusa directamente a la Fiscal del Estado de haber fabricado testimonios para mantenerla detenida en el Cereso.
Y claro que llama la atención que, la fiscal Sonia Yadira de la Garza, ha declarado públicamente en diversas ocasiones que existen pruebas suficientes que implican a Anabel, sin embargo, la misma Fiscalía solicitó que el plazo para el cierre de la investigación complementaria se ampliara. ¿Por qué pedir más tiempo para reunir más pruebas?
Esto ha provocado que la ciudadanía se haya inclinado a apoyar a la familia de Anabel, pues no se explica cómo ningún trabajador de vigilancia, empresa responsable (con presuntos nexos a funcionarios estatales de alto nivel) o directores del nosocomio hayan sido siquiera investigados.
En el otro caso, ya se pudo conocer el video que muestra parte del altercado ocurrido al exterior del bar Salón Monterrey, sobre el bulevar Guadiana, en el que resultó herido de bala el cantante Óscar Alvarado a manos de un "desconocido" para la autoridad.
En el video de una cámara de vigilancia, con fecha del 18 de enero, se puede apreciar lo sucedido en la vía pública y sirvió para que la autoridad se haya apresurado en proclamar la inocencia del funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública involucrado en el hecho, quien se desempeñaba como subsecretario operativo y que se "retiró" temporalmente del cargo mientras se investiga el crimen, con el argumento de que él no pudo accionar la pistola pues estaba inconsciente.
El cantante perdió la vida once días después de la agresión, tras permanecer hospitalizado a causa de las lesiones. Sin embargo, la misma fiscal del estado, Sonia Yadira de la Garza, ha reconocido que hasta el momento no hay un sospechoso detenido por el hecho.
Resulta extraño que, quien defendió al exfuncionario, no haya sido identificado a pesar de los videos en los que se observa a los acompañantes de ambas partes. Y sí, aunque el "desmayado" no haya sido el autor del crimen, es difícil creer que no se sepa quién accionó el arma.
La familia del cantante se ha expresado en redes sociales, especialmente el hermano, quien ha dejado entrever que la Fiscalía pretende dirigir la investigación contra él, argumentando que por su culpa inició el pleito que terminó en homicidio.
Con estos dos ejemplos se puede ilustrar que, una cosa es el discurso oficial y otra es la realidad, en donde la justicia es poco transparente y, según familiares de los afectados, parece inclinarse a la narrativa que más le conviene a la Fiscalía del Estado. ¡Imagínese lo que ocurre en los casos que no son mediáticos!