Luego del pasmo que se llevó el régimen ante el proyecto de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, la cual inició con un proyecto constitucional que fracasó por falta de mayoría calificada, el gobierno se vio forzado en presentar un "Plan B" que ya fue aprobado en el Senado, aunque con modificaciones que frenaron la propuesta de adelantar la revocación de mandato de 2028 a 2027, una de las grandes trampas de la propuesta.
En orden cronológico, la Presidenta reiteró, cuantas veces pudo, que su iniciativa perseguía como objetivo central reducir costos el sistema electoral, que a su "parecer" son excesivos. De llevarse acabo la intención era reducir la estructura del Instituto Nacional Electora (INE) sucesor del Instituto Federal Electoral, así como un profundo ajuste en las reglas de representación política, particularmente en lo que se refiere a las diputaciones plurinominales.
El proyecto fue rechazado en la Cámara de Diputados porque Morena no alcanzó la mayoría calificada, simple y llanamente porque los aliados de Morena (PVEM y PT) votaron en contra de algunos puntos porque afectaban sus márgenes de representación y prerrogativas locales. Al no sumar los dos tercios necesarios, la reforma constitucional quedó bloqueada. Es decir, su propio aliado, Morena, proponía una modificación a las reglas en donde tanto el Verde como el llamado Del Trabajo perderían futuras curules por cuotas de plurinominales, y también perderían prerrogativas - dinero, presupuesto, para hablarlo en plata- gubernamentales.
Ante el primer rechazo, la titular del Ejecutivo Federal se aprestó a presentar lo que lo autodenominó "Plan B" que contenía como novedades el mandato de recortar gastos en congresos locales y ayuntamientos; reducción de regidores y "privilegios políticos"; ampliación de mecanismos de participación ciudadana. Y la peregrina idea de adelantar la revocación de mandato presidencial de 2028 a 2027, lo que habría permitido al gobierno medir respaldo social un año antes de la elección presidencial. Sobra decir que era claro que, al adelantar la revocación, el oficialismo buscaba además del formalismo de legitimar a Sheinbaum en 2027 y condicionar la narrativa de la sucesión presidencial, aprovecharse del alto índice de aprobación de la Presidenta para impulsar a sus candidatos, que obvio serían ligados a Morena, no al Verde o al PT, lo que volvería indirectamente a golpear a sus aliados.
Luego pues que la Cámara de Diputados rechazara el Plan A, la administración ahora utilizó como cámara de origen al Senado para presentar el Plan B, que lo aprobó en lo general y particular pero rechazó el deseo del gobierno de adelantar la consulta para la revocación de mandato, evidenciado incluso ya tensiones entre Morena y los partidos afines.
Ahora la cámara revisora es la Cámara de Diputados, quien recibe la propuesta de reforma con modificaciones ya hechas por los senadores en las que destaca el rechazo al adelanto de la dichosa consulta para revocación de mandato, pero se mantuvieron los recortes y ajustes administrativos.
Corresponde entonces que los diputados aprueben en definitiva lo que han recibido de la Cámara Alta.
Más allá de lo evidente en donde el proceso ocurrido para el procesamiento de la iniciativa de reforma electoral muestra cómo la falta de consenso en el Plan A obligó al gobierno a diseñar un Plan B más limitado, centrado en ahorro y participación ciudadana. La propuesta más estratégica -adelantar la revocación de mandato- fue finalmente descartada en el Senado, reflejando que incluso dentro de la coalición oficialista hay límites a las reformas que puedan alterar los tiempos políticos de la sucesión presidencial. Máxime cuando se mandan ideas que les golpee directo, lo que hace pensar es que, en Morena, cada vez están más convencidos que pueden seguir arrasando en las elecciones sin tener que compartir cuotas de poder con sus aliados, los cuales, por ahora, le salieron respondones a la Presidenta.