La Corte hizo este miércoles lo que el garantismo le permite. Dijo que no puedes cancelar una candidatura por haberse beneficiado de actos del crimen organizado cometidos por terceros sin probar conducta propia del candidato. Acciones 96/2026 y acumuladas, proyecto de Sara Irene Herrerías, 29 de septiembre. Tiene razón jurídica. Pero dejó intacta la pregunta que importa: ¿qué responsabilidad tiene el partido que pone a ese candidato en la boleta?
Esa pregunta ya no es teórica. Hoy tiene nombre y fecha.
El 29 de septiembre, The New York Times reveló que dos agencias de seguridad de Estados Unidos mantienen bajo revisión señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos vínculos con crimen organizado y huachicol fiscal. No es un trascendido. Son cinco fuentes con conocimiento directo, dice el diario. No hay investigación formal abierta todavía, aclara el propio Times. No la hay en México tampoco, dijo la presidenta Sheinbaum el 30.
Pero lo nuevo del Times es lo que dibuja el patrón. Primero, que la revisión existe y está en curso. Segundo, que "Andy" intentó establecer contacto con autoridades estadounidenses en varias ocasiones durante este año a través de intermediarios y no se ha concretado diálogo formal, según tres personas familiarizadas. Tercero, que su nombre aparece en carpetas de la Fiscalía General de la República sobre importación ilegal de diésel estadounidense que entraba etiquetado como aditivo para aceite para evadir miles de millones en impuestos, con presunta complicidad de funcionarios de aduanas y de la Marina. Cuarto, que en esos expedientes un testigo colaborador aseguró que un decomiso de combustible de 2025 derivó de un choque político entre el titular de seguridad federal y el hijo del presidente. La defensa de oficiales navales detenidos sostiene que esa alusión es López Beltrán.
No hay acusación formal. Hay revisión activa, intentos de acercamiento y menciones en expedientes. No se le juzga como culpable, pero en cualquier democracia con partidos que se toman en serio, esa cantidad de indicios bastaría para frenar una candidatura.
Morena no frenó. Al contrario, aceleró. El partido lo presenta como su operador territorial estrella.
Aquí es donde la Corte se queda corta y donde el partido sí tiene responsabilidad. La Corte protege al candidato frente al Estado. Pero nadie protege al elector frente al partido que postula a un candidato con señalamientos de financiamiento criminal.
El derecho electoral mexicano ya conoce esa responsabilidad. Se llama deber de debida diligencia en la selección de candidaturas. Los partidos no son mensajeros de ocurrencias, son entidades de interés público que validan elegibilidad. Si postulas a alguien bajo revisión de dos agencias extranjeras, mencionado en expedientes de huachicol fiscal, con su círculo cercano señalado por el Servicio de Administración Tributaria por 834 millones de presunto fraude en combustibles, no puedes escudarte en que no hay sentencia.
El narco no necesita ganar la elección. Necesita que lo pongan en la boleta. Y una vez en la boleta con fuero, la revisión del New York Times se vuelve anecdótica. El fuero blinda.
La Corte dijo que no hay responsabilidad objetiva del candidato por actos de terceros. De acuerdo. Pero sí debe haber responsabilidad del partido que, sabiendo que hay terceros criminales alrededor del candidato, lo pone en la boleta.
Morena hoy está tomando esa decisión con Andy. No necesita que la Fiscalía General le diga si hay carpeta. Necesita decidir si su estándar de elegibilidad es la sentencia o la decencia. Si es la sentencia, cualquier narco con buen abogado llega al Congreso.
@MaiteAzuela