L A seguridad pública suele evaluarse mediante cifras visibles: homicidios, robos, detenciones, aseguramientos, decomisos y organizaciones desarticuladas. Es comprensible. Son indicadores necesarios para conocer la evolución del fenómeno delictivo. Pero, desde una perspectiva estratégica, resultan insuficientes. La pregunta verdaderamente importante no es únicamente si disminuyó determinado delito. Es otra: después de aplicar una política de seguridad, ¿el Estado posee mayores capacidades para cumplir su responsabilidad?
La diferencia es sustantiva.
Un gobierno puede presentar resultados favorables en determinados indicadores y, simultáneamente, dejar instituciones debilitadas, territorios disputados, estructuras criminales financieramente intactas o espacios públicos crecientemente condicionados por intereses ilegales. También puede ocurrir lo contrario: una política puede enfrentar inicialmente mayores niveles de violencia precisamente porque comenzó a alterar equilibrios criminales profundamente arraigados. Por ello, reducir la evaluación a cifras inmediatas puede conducir a conclusiones equivocadas.
La seguridad debe medirse también por la capacidad institucional que queda después de actuar: autoridad territorial, fortaleza policial, capacidad de investigación, inteligencia, coordinación institucional, control financiero, legitimidad pública y posibilidad efectiva de aplicar la ley. La fortaleza del Estado no se mide únicamente por los problemas que contiene, sino por las capacidades que desarrolla para impedir que vuelvan a dominarlo.
Esta perspectiva adquiere especial importancia frente al poder alcanzado por las organizaciones criminales. Ya no se trata solamente de grupos dedicados a actividades ilícitas. Algunas estructuras poseen capacidad financiera, territorial, logística, tecnológica y coercitiva suficiente para desafiar autoridades, penetrar instituciones y condicionar comunidades enteras. Cuando eso ocurre, el delito deja de ser exclusivamente un problema policial y adquiere una dimensión estratégica.
Entonces aparece una segunda exigencia: evaluar no sólo lo que el Estado hace contra las organizaciones criminales, sino también lo que hace dentro de sus propias instituciones.
El autosaneamiento gubernamental forma parte de esa capacidad.
México tiene pleno derecho a rechazar acusaciones provenientes del exterior cuando no estén acompañadas de pruebas. La soberanía, el debido proceso y la presunción de inocencia son principios que deben preservarse. Pero defender esos principios no significa clausurar la posibilidad de investigar.
Por el contrario, cuanto mayor sea la presión externa, mayor debe ser la capacidad interna para esclarecer cualquier señalamiento mediante instituciones mexicanas. La soberanía se fortalece cuando el Estado demuestra que puede investigarse a sí mismo.
Aquí se encuentra uno de los puntos más delicados de la coyuntura. La presión estadounidense sobre México ya no se limita al narcotráfico. Incorpora crecientemente aspectos financieros, territoriales, políticos, diplomáticos y de seguridad nacional. Washington interpreta el problema desde sus propios intereses. México debe responder desde los suyos.
Pero esa respuesta no puede descansar exclusivamente en declaraciones políticas. Debe sustentarse en capacidades reales.
Si existen sospechas sobre posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales, corresponde investigar. Si no existen responsabilidades, las instituciones deben demostrarlo. Si existen, deben actuar. Lo que resulta estratégicamente insostenible es sustituir la investigación por una defensa política automática. Porque entonces el problema deja de ser únicamente quién tiene razón. Porque la realidad dictará sentencia.
Si las organizaciones criminales mantienen capacidad para controlar territorios, movilizar recursos, infiltrar instituciones o desafiar a la autoridad, existe una vulnerabilidad objetiva del Estado, independientemente del discurso empleado para describirla.
Ésa es precisamente la utilidad de la evaluación estratégica: confrontar las políticas con la realidad resultante.
No basta preguntar cuánto se gastó, cuántos operativos se realizaron o cuántas personas fueron detenidas. Debe preguntarse también si aumentó la capacidad de inteligencia, si mejoró la investigación criminal, si disminuyó la impunidad, si se recuperaron territorios, si se debilitaron las finanzas criminales y si las instituciones quedaron menos vulnerables a la corrupción.
Por eso, evaluar estratégicamente la seguridad significa observar simultáneamente dos resultados: la evolución del delito y la evolución de las capacidades estatales. Una política sólo puede considerarse sostenible cuando mejora ambas dimensiones. La evaluación, por tanto, no es un ejercicio administrativo posterior a la acción. Es parte de la conducción misma.
Una política pública debe ser corregida cuando la realidad demuestra que no produce los efectos esperados. Persistir únicamente para defender una decisión previa transforma la política en dogma.
El objetivo estratégico no consiste en demostrar que una política gubernamental fue correcta. Consiste en lograr que el Estado sea progresivamente más capaz de ejercer autoridad, aplicar la ley, proteger a su población y preservar su soberanía.
Ahí debe colocarse la medida del éxito.
Porque al final, los gobiernos serán evaluados por sus resultados. Y la Nación pagará las consecuencias de las capacidades que el Estado haya perdido o dejado de construir.
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.