La contratación de una empresa privada para realizar el mantenimiento del Parque Guadiana, Sahuatoba y diversas áreas verdes del municipio de Durango pone, de nueva cuenta, sobre la mesa del debate la imperante opacidad con la que se maneja la actual administración municipal encabezada por el alcalde Toño Ochoa.
Más allá de las críticas y acusaciones lanzadas por la regidora del Partido del Trabajo, María del Socorro Páez, lo verdaderamente preocupante es que las autoridades municipales siguen sin responder las preguntas fundamentales que cualquier administración transparente debería aclarar desde el primer día.
Hasta ahora no existe información pública que permita saber si hubo una licitación abierta, una invitación restringida o una adjudicación directa. Tampoco se conoce el nombre de la empresa, los criterios utilizados para seleccionarla, el monto total del contrato ni las obligaciones específicas que asumió. Esa ausencia de información alimenta, inevitablemente, el terreno de la especulación.
Cuando la información no aparece, inevitablemente surge el "sospechosismo". ¿Se benefició a una empresa cercana al presidente municipal? ¿Existe algún compromiso político con empresarios vinculados al PRI o al PAN? No hay pruebas que permitan afirmarlo, pero tampoco se han hecho públicos los términos en los que se autorizó la adjudicación.
Por si lo anterior pareciera poco, otro elemento vuelve aún más delicado el asunto. Y es que grupos ambientalistas comenzaron a documentar daños provocados por trabajadores de la empresa contratada, particularmente por la poda o eliminación de mezquites jóvenes dentro del Parque Sahuatoba, un Área Natural Protegida, agregando al problema administrativo otro de carácter ambiental.
Ambientalistas señalan que cualquier intervención dentro de los parques Guadiana y Sahuatoba debió pasar por el Consejo Asesor de Áreas Naturales Protegidas, órgano creado ex profeso para garantizar que las decisiones técnicas se apeguen al programa de manejo. Sin embargo, aseguran que nunca fue consultado y que únicamente se le notificó, cuando la decisión ya estaba tomada, que una empresa privada realizaría los trabajos.
La preocupación aumenta porque, según integrantes del propio Consejo, existen empresas con experiencia específica en el manejo de áreas naturales protegidas. En este caso, sostienen que la compañía contratada se dedica únicamente a labores de jardinería, sin contar con la preparación necesaria para intervenir en un ecosistema sujeto a un régimen especial de conservación.
El contraste resulta todavía más difícil de explicar si se considera que, hace apenas un par de años, los trabajadores municipales adscritos al mantenimiento de los parques, dependientes de la Dirección Municipal de Servicios Públicos, recibieron capacitación gratuita impartida por biólogos, académicos y especialistas que participaron en la elaboración del programa de manejo del área natural protegida.
Nada justifica que se haya desplazado esa experiencia para dar paso a una empresa cuya capacidad hoy se encuentra bajo cuestionamiento. Y nuevamente surge la pregunta: ¿cuáles fueron los motivos o intereses? La transparencia no sirve para demostrar honestidad cuando todo marcha bien; sirve para impedir que la opacidad termine sustituyendo a la verdad. El alcalde está obligado a ofrecer una explicación clara y convincente.
EN LA BALANZA.- Y hablando de opacidad y despilfarro, en el Gobierno del Estado el que menos corre, vuela. No caben dudas de que la entrevista que Adela Micha realizó al gobernador Esteban Villegas en la Feria Villista fue resultado de un contrato pagado con recursos públicos. El antecedente de Aguascalientes, ventilado ayer por El Siglo de Durango, donde un formato prácticamente idéntico costó 1.16 millones de pesos, vuelve inevitable la exigencia de transparencia. La empresa que comercializa esos espacios, propiedad de la comunicadora, figura en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado. No hay, ni para dónde hacerse.
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