En días pasados se suscitaron hechos que pusieron en la mira de la opinión pública al periodismo. Un importante diario norteamericano filtró el tema de que políticos mexicanos (de Morena sobre todo) eran informantes del gobierno de aquel país. Un acreditado medio escrito mexicano relajó sus criterios editoriales y permitió publicar una entrevista en la que se falsearon testimonios del entrevistado. Un tipo acusado de secuestrador y preso 20 años sin tener una sentencia exigió su derecho de réplica en un espacio noticioso el cual fue utilizado para amenazar al conductor con una demanda. En síntesis, el periodismo ha sido sentado en el banquillo de los acusados.
Hace unos días, el New York Times publicó una nota a la que cabeceó: "Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes del gobierno de Trump". En dicho texto señalan que: "algunos funcionarios electos del partido en el poder se han ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido, según ocho personas que han participado en las conversaciones".
Ante estos señalamientos, la presidenta Sheinbaum reaccionó cuestionando: "¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo? Me dijeron una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos. Esa es la nota". Habría que hacerle ver a la mandataria que ese tipo de periodismo, basado en testimonios de fuentes anónimas, es con el que la periodista y escritora, Anabel Hernández, se ha basado para publicar varios libros. Cuando en estos salían a la luz temas relacionados con Calderón o García Luna y sus posibles implicaciones con el narco eran bien vistos y reconocidos por AMLO. Pero a partir de que la periodista implicó al político tabasqueño con el Cártel de Sinaloa, las plumas del Bienestar la desprestigiaron y cuestionaron sus formas.
En otro hecho diferente, el periódico nacional, El Universal, publicó un "recalentado". Una entrevista que en el año 1999 realizó el periodista Edmundo Cázares al escritor Carlos Monsiváis, en donde se incluye una parte en la que hace críticas a López Obrador. Sin embargo, esa parte en particular terminó siendo un agregado falaz que hizo el periodista, el cual no pudo acreditar por no contar con la cinta de audio que sustentara los dichos del entrevistado. Ahí sí, con razón, la Presidenta calificó de "grotesco" y como "podredumbre y carente de ética" la pieza periodística publicada. El medio se vio obligado a ofrecer disculpas y a retirar, de su versión digital, la referida entrevista.
Finalmente, el pasado lunes, acudió al noticiero de Ciro Gómez Leyva, Israel Vallarta, el tipo que fue encarcelado hace casi veinte años, como parte del montaje televisivo que "produjo" Genaro García Luna, para el noticiero matutino de Carlos Loret. Vallarta había solicitado su derecho de réplica, porque, a decir de él, una jueza y un tribunal lo exoneraron de toda culpa y el comunicador en cuestión lo sigue llamando "secuestrador". Ciro le expuso de frente que para él Vallarta sigue siendo un secuestrador, por el testimonio que le han compartido víctimas de los secuestros perpetrados por este personaje y que, además, en la consideración de Gómez Leyva, la verdad jurídica no representa la verdad histórica.
Vallarta terminó su participación amenazando con demandar al líder de opinión. Más que un derecho de réplica lo que hizo este personaje fue amenazar, amedrentar al entrevistador, lo que a todas luces es un atentado a la libertad de expresión. Llama poderosamente la atención cómo las plumas del Bienestar y bots afines salieron a festinar este episodio apoyando a Vallarta y tundiendo a Ciro. En fin.
Se politizó el tema, pero deja un precedente preocupante. ¿Qué se pretende? ¿Encarcelar al comunicador? ¿Obligarlo a pagar una cuantiosa suma de dinero por una presunta difamación? ¿Se estará promoviendo una forma diferente para inhibir ciertos comentarios?
Se aceitan los engranes de la censura.