EL SIGLO DE DURANGO
La falta de interconexión entre las bases de datos forenses de las Fiscalías estatales y el Banco Nacional de Datos Forenses llegó a tribunales federales, luego de que una jueza admitió un amparo promovido por dos madres buscadoras que reclaman que esta información pueda utilizarse de manera conjunta en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
La demanda fue presentada por Brenda María Valenzuela y Margarita López, quienes señalaron como acto reclamado la omisión de garantizar la interconexión de las bases forenses de las entidades federativas con el banco nacional administrado por la Fiscalía General de la República. La admisión del amparo obliga a las Fiscalías a informar, en un plazo de 48 horas, sobre el estado que guarda la interconexión de sus bases con el sistema nacional.
Sin embargo, la jueza Novena de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Viridiana Berenice Quiroz Ángel, negó la suspensión provisional solicitada por las promoventes. Según la información difundida por Brenda Valenzuela en sus redes, la resolución argumentó que concederla implicaría otorgar un beneficio permanente, por lo que el fondo del asunto será analizado en la audiencia del 19 de noviembre de 2026.
Ante la negativa, las madres buscadoras presentaron un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal y solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad de atracción para revisar el caso. Su petición busca que se analice la necesidad de que las Fiscalías cumplan con obligaciones en desaparición forzada.
Para Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, desaparecido en Mazatlán, Sinaloa, la interconexión permitiría evitar que información útil para localizar e identificar a personas permanezca dispersa entre distintas instituciones.