En Durango, los señalamientos difundidos en medios nacionales sobre presuntas investigaciones relacionadas con el gobernador Esteban Villegas no solo han abierto un debate tenebroso alrededor del mandatario, sino que también han terminado colocando bajo observación las reacciones equivocadas por parte del titular del Ejecutivo.
Dicen los que saben que las crisis políticas suelen tener un comportamiento incauto en el que rara vez exhiben únicamente a los actores que las enfrentan. Con frecuencia también terminan revelando -al contrario de fortalezas- debilidades, estrategias fallidas y ausencia del resto de las piezas de poder que cohabitan en un mismo tablero público.
Hasta este momento conviene mantener una precisión indispensable para entender el contexto. Y es que, como ya se ha dicho, no existe información oficial que confirme procedimientos abiertos o acciones judiciales en contra del Gobernador por parte de la Fiscalía General de la República ni de autoridades estadounidenses.
Ese dato es central porque, jurídicamente, modifica cualquier conclusión precipitada. Sin embargo, en política los tiempos suelen moverse distinto. La conversación pública pocas veces espera resoluciones institucionales y generalmente se construye a partir de señales, percepciones y de la capacidad de cada actor para posicionar una lectura de los acontecimientos.
En ese contexto, el Gobernador tomó una decisión que merece analizarse con detenimiento. Y es que, en su intento por contener la crisis, las cosas se salieron aún más de control, propiciando que las acusaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada cobraran todavía mayor fuerza ante la opinión pública. En pocas palabras, no convenció.
El problema es que, en el ámbito local, no ha sido perceptible un acuerpamiento generalizado y sólido en torno al mandatario duranguense, salvo el de las dirigencias estatales del PRI y el PAN, representados por Daniela Soto y Mario Salazar. No obstante, a nivel nacional tanto Alejandro Moreno como Jorge Romero han evadido posicionarse directamente sobre los señalamientos.
Sin embargo, el gobernador Esteban Villegas entró en un escenario mucho más escabroso al amenazar al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, elevando innecesariamente el tono de sus declaraciones, e insinuando que hay vínculos de la delincuencia organizada con Morena en los municipios de Durango donde ganaron elecciones el año pasado.
En la política mexicana, pocas decisiones son más riesgosas que escalar una confrontación con el gobierno federal desde una posición de menor margen de poder. La memoria política en este país nos evoca el caso del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien se le puso "al tú por tú" con el entonces presidente Ernesto Zedillo, quien posteriormente lo llevó a la cárcel por lavado de dinero y narcotráfico.
El caso es que, en política, las crisis rara vez se definen por su origen, sino por la capacidad de administrarlas. Y cuando la contención se mezcla con la confrontación, el margen de salida se reduce rápidamente. Al final, no siempre gana quien responde más fuerte, sino quien mide mejor el terreno en el que decide pelear. En esta justa, el Gobernador de Durango no ha ganado ni un round.
EN LA BALANZA.- La confirmación del tercer caso de gusano barrenador en Durango deja claro que la presencia de esta plaga ya no puede considerarse un hecho aislado, sino una señal de alerta sanitaria que empieza a extenderse en el sector pecuario. Aunque las autoridades insisten en la vigilancia y el monitoreo, la detección en distintos municipios y en diversas especies evidencia un riesgo creciente para la ganadería estatal, especialmente en un contexto donde la prevención parece ir detrás de la propagación. Más que un dato epidemiológico, el tema comienza a convertirse en un problema de contención sanitaria que exige respuestas más rápidas y coordinadas.
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