La solicitud de extradición del Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por parte de la fiscalía del distrito sur de Nueva York cimbró hasta sus cimientos al régimen político que nos gobierna y que sólo en el papel tiene como principios "no robar, no mentir y no traicionar al pueblo".
En la práctica dichos principios no tienen ninguna relación con la forma de operar del régimen, ni en campañas ni tampoco en sus acciones de gobierno. No me detengo en todos los casos en que esto se ha demostrado. Sobran ejemplos de que estos principios son solo letra muerta: desde la corrupción y destrucción medio ambiental de las obras de infraestructura prioritarias del sexenio pasado hasta el caso del llamado "huachicol fiscal", que, dados los montos involucrados, seguramente se convertirá en el caso de corrupción más grande de la historia de México con agencias de los tres niveles de gobierno "supervisando" el trasiego ilegal de combustible cuyas ganancias, de acuerdo a reportes periodísticos, supuestamente llegaron las campañas electorales de los candidatos del régimen en las elecciones de 2021.
¿Qué hace distinta la acusación del departamento de los Estados Unidos al ahora "gobernador con licencia" Rubén Rocha Moya y otros nueve acusados, de los demás escándalos de corrupción del régimen y de las controversias que ha tenido con los gobiernos de los Estados Unidos, primero con Joe Biden y ahora con Donald Trump? Creo que una diferencia importante tiene que ver las hipotéticas consecuencias que puede tener para el sistema político mexicano, tanto para el gobierno como para el partido en el poder.
Las consideraciones políticas del gobierno de los Estados Unidos respecto a la relación bilateral seguramente pesarán a la hora de decidir si está en su interés acusar al partido en el poder en México de ser una entidad que prestó "apoyo material" a una "Organización Terrorista Extranjera", como fue designado el Cártel de Sinaloa por el gobierno de los Estados Unidos hace ya más de un año.
Es muy delicado para el régimen que a uno de sus candidatos a gobernador se le acuse, como lo está haciendo el departamento de Justicia de los Estados Unidos, de negociar el apoyo del crimen organizado para ganar la gobernatura de Sinaloa en 2021, amenazando a votantes y secuestrando a operadores políticos de otras campañas. A cambio, argumenta la acusación, Rocha Moya colocaría a funcionarios afines al cártel en puestos clave de seguridad pública, permitiéndoles operar sin restricciones por parte de las autoridades estatales.
Si la justicia norteamericana tuviera pruebas de que el partido político del ahora gobernador con licencia sabía que su candidato tenía acuerdos con el grupo criminal declarado como "Organización Terrorista Extranjera", el partido, entendido como una entidad separada de quién fue su candidato, podría ser señalado, de acuerdo a las leyes contra el terrorismo de los Estados Unidos, como una entidad que prestó "apoyo material" a una organización terrorista extranjera, en este caso el Cártel de Sinaloa.
El apoyo al Cártel de Sinaloa está representado por la posibilidad de operar sin restricciones y de esa manera permitir al Cártel enviar fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos, las cuáles terminan matando a más de 100,000 estadounidenses cada año.
Que el partido que ahora gobierna México pudiera ser calificado como una entidad aliada con un cártel de las drogas que es definido por los Estados Unidos como una organización terrorista es un escenario inédito en la relación bilateral.
La acusación del departamento de justicia de los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa es una muestra más, tal vez la más tangible, de la rápida descomposición del régimen. En apenas ocho años, el partido en el poder ha pasado de ser una esperanza de cambio para los millones de mexicanos que les dieron su voto en 2018, a ser un partido que postuló en 2021 a un candidato acusado por los Estados Unidos de pactar con un cártel de las drogas para obtener una victoria electoral, a cambio de permitirles operar sus actividades ilícitas durante los casi cinco años que lleva gobernando Sinaloa, facilitando el envío de fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos, las cuáles matan a decenas de miles de estadounidenses cada año.
X: @jesusmenav