El uso de drones por parte de los cárteles de la droga en México inició hace una década y desde entonces el Estado ha quedado rebasado en el control de su venta en plataformas digitales, pero también las reformas aprobadas en 2023 en el Congreso de la Unión son "letra muerta", ya que no se ha logrado inhibir su uso, no se han aplicado sanciones y no se cuenta con tecnología para derribarlos o inhibirlos.
Expertos en seguridad afirmaron a El Universal que, en México, dichas reformas, que buscan prohibir y sancionar hasta con 60 años de cárcel a los grupos delictivos, principalmente cárteles de la droga, que utilizan drones para atacar a la población civil y a las autoridades, arrojar bombas, espiar o traficar drogas, son obsoletas ante el avance y la diversificación de los criminales.
Los cárteles han pasado de utilizar drones, primero, para labores de halconeo y espionaje contra militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional, a usarlos después como una forma de intimidación mediante el bombardeo aéreo de poblaciones y actos de terrorismo con bombas y, en los últimos meses, para traficar drogas en la frontera con Estados Unidos.
David Saucedo, especialista y consultor en seguridad, comentó que los narcodrones detectados en la frontera norte por parte de autoridades de Estados Unidos son la prueba de que ninguna autoridad mexicana a nivel federal, estatal y municipal está combatiendo este delito y no cuenta con la tecnología para hacerlo.