N la antesala de la revisión del T-MEC programada para julio de 2026, México se encuentra en un punto de inflexión en donde la diplomacia tradicional ya no es suficiente. Los equipos técnicos han comenzado a mover sus piezas en un tablero en donde la percepción de riesgo compite directamente con los indicadores macroeconómicos.
Es una tentación natural que la atención mediática se vuelque hacia la retórica de la Casa Blanca; o a la destreza de nuestros negociadores frente a las presiones arancelarias de figuras como Jamieson Greer (mano derecha de Trump en la revisión del T-MEC); sin embargo, caer en esa reactividad discursiva sería un error táctico.
La verdadera defensa del acuerdo comercial no se libra en los despachos de Washington, sino en la eficiencia de nuestras aduanas, en la robustez de nuestras redes eléctricas y en la pacificación de nuestras carreteras. Como bien ha señalado el sociólogo Manuel Castells, el poder reside en la capacidad de procesar información y generar confianza; por ello, la narrativa de México no debe ser de justificación, sino de legitimidad de desempeño.
Para imponer una visión convincente, el país requiere aplicar lo que dice George Lakoff, un cambio de enfoque en lo que negocie. No podemos seguir comunicando desde el marco mental de la concesión o la defensa ante el proteccionismo del norte.
El desafío de la llamada "triangulación" asiática debe ser reformulado no como una amenaza a la soberanía, sino como la oportunidad histórica para que México asuma el liderazgo en la creación de valor agregado regional. El nearshoring no es un fenómeno inercial, es un acto de comunicación de confianza que exige que pasemos de ser un centro de ensamblaje a un motor de innovación.
Esta transición requiere que nuestra narrativa interna sea coherente con la externa; si queremos ser el socio indispensable de Norteamérica, nuestra infraestructura debe dejar de ser nuestro talón de Aquiles para convertirse en nuestra mejor carta de presentación.
A 100 días de que el Mundial 2026 coloque a México en el escaparate global, el país tiene la oportunidad de ejercer lo que Joseph Nye define como soft power, la capacidad de atraer inversión no vendrá sólo de los tratados firmados, sino de la imagen de eficiencia logística y estabilidad que proyectemos al mundo en el marco de ese evento deportivo.
No obstante, ese relato de modernidad se debilita si no resolvemos la crisis de certidumbre operativa. La inversión extranjera busca energía limpia y seguridad hídrica, factores que hoy superan en relevancia a cualquier cláusula técnica. La seguridad y la gobernanza son, en última instancia, los pilares de nuestra reputación país; sin un Estado de derecho que garantice que las mercancías lleguen a su destino sin contratiempos, el discurso de la competitividad se vuelve una promesa vacía. El capital, por naturaleza, es sensible al riesgo y siempre buscará los entornos en donde la ley proteja la inversión con la misma fuerza que la geografía la facilita. La revisión del T-MEC debe entenderse como un diagnóstico profundo de nuestra madurez institucional. Nuestros negociadores podrán ganar tiempo en las mesas de diálogo, pero la prosperidad de la próxima década se está redactando hoy en el territorio nacional.
Es imperativo dejar de mirar hacia el norte con una mezcla de ansiedad y sospecha para comenzar a mirar hacia adentro con un sentido de urgencia estratégica. Debemos transformar nuestros problemas estructurales en una narrativa de soluciones tangibles que confirme a México no como un vecino bajo examen, sino como el aliado estratégico e imprescindible que el bloque norteamericano requiere para competir en el siglo XXI. La certidumbre no se negocia en el extranjero, se comunica y se construye aquí.
éxico se encuentra en el umbral de un cambio normativo que marque un antes y un después en la respuesta del Estado al asesinato de mujeres. El Ejecutivo federal y la Fiscalía General anunciaron una iniciativa para reformar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio. La intención: homologar la respuesta fragmentada institucional.
El antecedente de la Ley General contra el Secuestro permitió federalizar ciertas facultades, la coordinación de investigaciones y definir competencias. Ahora se plantea aplicar esa lógica al feminicidio, para que sea perseguido de modo homogéneo en todo el país. El objetivo es claro, reducir la impunidad mediante reglas obligatorias para la Federación, los estados y los municipios.
En las ventajas anunciadas figura la homologación del tipo penal, delimitar las facultades exclusivas de la Federación, como mantener un registro nacional, emitir protocolos uniformes y coordinar acciones interinstitucionales; y las concurrentes de las fiscalías estatales, que conservarían la primera respuesta, pero bajo supervisión y estándares comunes.
El proyecto impulsa principios rectores, incorporando la perspectiva de género, la prevención estructural, la reparación integral a las víctimas, la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer con protocolos especializados, la imprescriptibilidad del delito, la negación de beneficios procesales, agravantes específicas tratándose de niñas y adolescentes, personas mayores, mujeres con discapacidad, embarazadas, personas indígenas o integrantes de otros grupos vulnerables.
La iniciativa propone la creación y fortalecimiento de unidades de investigación especializadas, la profesionalización de cuerpos policiales y ministerios públicos en perspectiva de género, la creación de protocolos estrictos, así como mecanismos para garantizar la atención integral de las víctimas y sus familiares: acceso a salud, apoyo psicosocial, resguardo y asesoría jurídica gratuita e incorpora definiciones relevantes para determinar a las víctimas indirectas, así como reconocer a la familia social, conformada por personas con vínculos afectivos que sufren las consecuencias del crimen.
Si bien la propuesta promete uniformidad y coordinación, su aprobación enfrenta retos políticos, requiere mayoría calificada en el Congreso y la ratificación de legislaturas estatales para modificar el artículo 73 Constitucional; además, su éxito dependerá de la asignación de recursos suficientes y de la voluntad real de los tres órdenes de gobierno para implementar los cambios. La pregunta para los legisladores es si responderán con urgencia a una demanda que surge del dolor cotidiano de miles de familias.
México queda en espera de esa respuesta, para transitar de fragmentos de justicia a un marco nacional que busque reparar y prevenir el asesinato por razones de género; activistas y organizaciones han recibido con esperanza el anuncio, pero insisten en que una ley sin presupuesto ni supervisión efectiva sería insuficiente.
Es tiempo de mujeres.
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