L A toma de la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Durango tiene un evidente trasfondo político. No puede interpretarse de otra manera cuando las principales demandas planteadas por los inconformes ya fueron atendidas y resueltas, entre ellas, la condonación del 100 por ciento de las cuotas voluntarias en los planteles de la zona indígena.
Una protesta puede ser legítima cuando verdaderamente tiene una causa, demandas identificables y disposición para encontrar una solución. El problema surge -como es en este caso- cuando esa causa que originalmente la justificaba deja de existir y, aun así, la movilización continúa a costa de paralizar una institución pública de carácter educativo.
El director Cuauhtémoc Armas Enríquez acusó que detrás de la protesta existe un trasfondo político, señalando directamente a la alcaldesa de Pueblo Nuevo, la morenista Nancy Flores, por estar presuntamente financiando este movimiento con transporte, alimentos y otros recursos para mantener el paro en las instalaciones de la Dirección General.
No obstante, Armas Enríquez mencionó otro dato político que no puede ignorarse, particularmente cuando el propio director plantea que una de las posibles intenciones de esta protesta, podría ser que estén tratando de provocar su destitución, una facultad que, como él mismo recordó, corresponde únicamente al gobernador Esteban Villegas.
La lectura es que esa grilla también podría provenir de alguien o de algunos oficiosos dentro del gobierno estatal. Empero, aunque esto no lo dijo el director del CECyTE, queda abierta la suspicacia de que incluso el golpeteo puede tener su origen en ciertos personajes que han mantenido secuestrada la educación en Durango.
Trasciende, además, otro elemento que merece especial atención, ya que quienes encabezan el paro actualmente se encuentran suspendidos de sus derechos laborales, pero también se ostentan como dirigentes de una organización sindical que no obtuvo la toma de nota correspondiente ante la autoridad laboral. Es decir, en términos legales, no existe.
Sin embargo, el punto más delicado está en las consecuencias de esta protesta, ya que están en riesgo trámites que involucran a más de 13 mil estudiantes y unos mil trabajadores. En estos días debe procesarse la información para que la Coordinación Nacional de Becas valide a los alumnos activos y puedan dispersarse las Becas Benito Juárez. También puede obstaculizarse el procesamiento de la nómina.
Los estudiantes no tienen responsabilidad alguna en el conflicto entre trabajadores y autoridades. Tampoco los empleados que continúan desempeñando sus funciones deberían cargar con las consecuencias de una disputa que no provocaron. Convertir una institución educativa en escenario de presión política significa colocar en medio a quienes deberían ser la prioridad: los alumnos y el funcionamiento regular del sistema.
Finalmente, el CECyTE no pertenece a la administración en turno, pero tampoco a quienes hoy mantienen tomada su Dirección General. Es una institución pública construida durante tres décadas y cuya razón de ser son sus estudiantes. Si la protesta tiene demandas, que se hagan públicas; si existen controversias laborales, que se diriman ante las autoridades correspondientes; y si existe una disputa política, que quienes la promueven tengan el valor de reconocerla.
EN LA BALANZA.- La disculpa de Zoé Robledo a las familias de los cinco recién nacidos fallecidos en el Hospital General de Zona No. 1 es un gesto necesario, pero insuficiente frente a la gravedad de lo ocurrido. Los padres no solo necesitan palabras de pesar, sino respuestas claras sobre el origen del brote bacteriano, las responsabilidades y garantías de que una tragedia así no vuelva a repetirse. Mientras continúen pendientes expedientes clínicos, denuncias e investigaciones, la disculpa no puede ser el punto final: debe ser apenas el comienzo de un proceso de esclarecimiento y rendición de cuentas que las familias merecen.
X: @Vic_Montenegro