'Ya es insostenible la crisis de seguridad': Diputada
CLAUDIA BARRIENTOS
El siglo de durango
México atraviesa una crisis de seguridad insostenible, resultado de una estrategia fallida del gobierno federal que ha debilitado al Estado, vulnerado la soberanía nacional y dejado a millones de familias a merced del crimen organizado, advirtió la diputada Patricia Jiménez, al tomar la palabra en la Cámara de Diputados.
"Esta tribuna no es un espacio para el silencio cómodo, es un espacio para la responsabilidad constitucional", sentenció.
Dijo que la atención internacional particularmente desde Estados Unidos sobre la seguridad en México no es casual ni producto de discursos externos, sino consecuencia directa de años de omisiones, simulación e impunidad, derivadas de la política de "abrazos y no balazos", que permitió la expansión del crimen organizado y la pérdida de control territorial en amplias regiones del país.
Consideró que no existen resultados tangibles, verificables ni sostenidos en materia de seguridad pública. "La incapacidad del gobierno para reducir la violencia, desarticular estructuras criminales y recuperar activos ilícitos ha construido una narrativa de debilidad estatal que pone en riesgo la estabilidad política y diplomática del país", opinó.
Asimismo, denunció la falta de controles democráticos y de rendición de cuentas en las tareas de inteligencia y seguridad, lo que abre la puerta a abusos, discrecionalidad y uso político de las instituciones. "Sin autorizaciones judiciales claras ni mecanismos de supervisión efectivos, la inteligencia deja de proteger a la nación y se convierte en una amenaza para las libertades", citó.
También criticó la opacidad en el manejo de cifras oficiales, especialmente en homicidios y desapariciones, señalando que la presentación diaria de datos sin metodología clara ha sustituido a una política real de transparencia. "Esta falta de información verificable ha permitido que el fracaso en seguridad quede impune en el ámbito político y administrativo", agregó.
Por lo que cuestionó la militarización permanente de la seguridad pública, una decisión tomada sin evaluación independiente ni una ruta clara para regresar al mando civil. Comentó que esta estrategia no ha traído paz, sino que ha debilitado al Estado de derecho, diluido responsabilidades y normalizado la impunidad.
Finalmente, dijo que México no puede normalizar la violencia ni la impunidad, ni aceptar que ser alcalde, periodista o activista signifique una sentencia de muerte.
Agencias