El contrabando y la piratería son dos elementos que dañan mucho al comercio establecido, ya que generan competencia desleal y la mayoría de las veces se trata de productos de mala calidad que afectan al consumidor, además de no pagar impuestos como el resto de los comerciantes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Durango), Pedro Espinosa Gámiz, señaló que éste es un problema grave, al cual también se le suma el comercio informal que actualmente opera en la ciudad, por lo que todo esto representa una competencia desleal para los comerciantes que sí se encuentran en regla y que les exigen una serie de requisitos y obligaciones que deben cumplir.
Explicó que si bien las autoridades han tomado acciones contra la piratería y el contrabando, aún falta mucho por hacer, ya que son organizaciones muy grandes y debidamente organizadas que operan en el país y en el estado, con la introducción de toda clase de productos fabricados de manera clandestina y robándose los derechos de las marcas debidamente registradas.
Esto genera competencia desleal ya que se comercia en las calles a precios muy bajos, afectando gravemente la economía de los empresarios que cuentan con su local debidamente instalado y con productos de marca. En este sentido, indicó que las nuevas autoridades que entrarán en funciones después del proceso electoral del presente año deben tomar en cuenta esta situación y tomar cartas en el asunto.
Precisó que mientras no exista voluntad política para combatir estos males, el comercio organizado seguirá teniendo problemas en sus ventas y como consecuencia es muy difícil que se pueda seguir sosteniendo.
Reconoció que con relación al comercio informal que opera en las calles de Durango, todos tienen derecho a trabajar, pero que lo hagan dentro de lo que establece la ley y que no generen una competencia desleal.
Espinosa Gámiz indicó que un comerciante debidamente establecido paga renta de local, salarios, impuestos, luz, agua, teléfono, cuotas del IMSS y del Infonavit, entre otros gastos que tiene que realizar y esto le representa una carga financiera muy pesada, a diferencia de aquellos que se establecen en la calle y no realizan ningún tipo de pago.
Destacó que debe considerarse que todo aquel que cuenta con un negocio y que genera utilidades tiene la obligación de contribuir también con el Gobierno en el pago de sus impuesto y así sumarse a las acciones de desarrollo y crecimiento, pero en la practica esto no es así, pues los más afectados son aquellos que sí cumplen con los requisitos que la ley señala, puntualizó el declarante.