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ADÁN HERNÁNDEZ
sáb 3 mar 2012, 11:16pm 1 de 10

Celebran restitución de tierras



A 91 años de distancia, se mantiene vivo el ejido Severino Ceniceros, en Cuencamé.

Ejido Severino Ceniceros, Cuencamé

Este 3 de marzo, el ejido Severino Ceniceros, en el municipio de Cuencamé, celebra el 91 aniversario de la restitución de sus tierras, fecha histórica que hoy será recordada como uno de los grandes logros alcanzados en favor de quienes trabajan la tierra y se esfuerzan día a día en hacer producir sus parcelas.

Durante siglos y desde la época de la Colonia se luchó por regresarles a los campesinos lo que les pertenecía.

ANTECEDENTES

Desde la llegada de los españoles y durante toda la época colonial, los pueblos de Santiago y San Pedro de Ocuila, hoy ejido general Severino Ceniceros del municipio de Cuencamé, demostraron una tradición de lucha por la tierra, como fue el caso de la defensa que hicieron los indígenas en el largo proceso de restitución de aguas del Rincón de Ocuila en el año 1741, cuando se les dio posesión de sus tierras y aguas por orden de la Corona española.

En el año 1843, por medio del agrimensor Luis Niedman, les entregaron los primeros títulos de sus terrenos de labor y pastales a los habitantes de los Pueblos Indígenas Unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila, y en el año 1868, ante el Gobierno del Estado de Durango, los indígenas le solicitaron el reconocimiento de los terrenos pastales que tenían en posesión, ante el temor de que hacendados vecinos pretendieran reclamar dichos terrenos. No obstante, lograron que el Ayuntamiento de Cuencamé les efectuara el deslinde de sus terrenos en el año 1868.

RECLAMO

En el año 1882, los dueños de la hacienda de Atotonilco iniciaron movimientos y reclamaron los terrenos comprendidos desde Ocuila hasta los límites de la hacienda; por la oposición y defensa de los campesinos ante las autoridades, los hacendados no volvieron a insistir en el reclamo de la tierra.

Fue hasta el año 1899 cuando la hacienda de Atotonilco se separó de la hacienda de Sombreretillos y los dueños de esta última, los López Negrete, reclamaron las tierras que tenían en posesión los indígenas de los pueblos unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila. Ellos, ante la pretensión del despojo de sus tierras, solicitaron amparos y le enviaron un carta abierta al presidente Porfirio Díaz, en el año 1901, solicitando justicia, con lo que lograron la promesa del general de que sus tierras serían respetadas.

Para el año 1905, el hacendado de Sombreretillos inició el cerco de la tierra en poder de los habitantes de Santiago y Ocuila; estos últimos, encabezados por Calixto Contreras, se opusieron violentamente suspendiendo los trabajos de parte de la hacienda.

Nuevamente los habitantes de Santiago y Ocuila dirigieron sus protestas al gobernador de Durango Esteban Fernández y al no tener éxito enviaron sus escritos al presidente y general Porfirio Díaz.

En enero de 1909, la hacienda de Sombreretillos inició la construcción de una casa en terrenos en posesión de los Ocuilas, comisionando al jefe de cuartel Juan Acha y otros campesinos para que llevaran un escrito ante los empleados de la mencionada hacienda para que suspendieran dichos trabajos. En el lugar conocido como Tierra Azul mostraron el escrito presentándose repentinamente el jefe de la fuerza armada de la hacienda y sin más abrieron fuego en contra de los comisionados. En el acto cayeron muertos Juan Acha y Francisco Hernández junto con sus respectivos caballos; Martín Martíinez logró escapar herido, junto con otros, para luego dar aviso a la gente de Ocuila, quienes rápidamente se posesionaron en las oficinas de la jefatura política y a gritos y con insultos le demandaron al jefe político la aprehensión de los asesinos, por lo que fue llevado por el pueblo en masa hasta Sombreretillos, en donde catearon todas las casas sin poder encontrar a los homicidas. En respuesta, el Gobierno los procesó por el delito de sedición.

Pronto llenó la cárcel de Cuencamé con campesinos de Santiago y Ocuila, en especial de su apoderado general Severino Ceniceros y ahí permanecieron hasta que el 13 de febrero de 1911 fueron liberados por las fuerzas revolucionarias de Calixto Contreras.

En los primeros días de mayo de 1910 se efectuó el desalojo y el representante legal de los Pueblos Unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila le narró en un escrito al general Porfirio Díaz todos los abusos de los cuales fueron objeto los indígenas de parte de las autoridades del estado de Durango, en complicidad con el hacendado de Sombreretillos.

En dicho comunicado le informa la brutalidad empleada por las acordadas para despojar a sus representados y la abierta complicidad de las autoridades. Se transcribe:

«MEMORÁNDUM: para el Señor Presidente de la República, sobre los sucesos que se han efectuado en Ocuila, Cuencamé, Durango, desde los primeros días de mayo de 1910.

1º. Las acordadas de Cuencamé y de la hacienda de Sombreretillos han destruido los siguientes ranchos: " de don Miguel García"; "Cerro Blanco"; "El Pepino"; "Ojo Seco"; "La Joya"; "La Joya de Arriba"; "Las Cuevas"; "El Conejo"; "La Gatuña"; "La Cuchilla"; y "El Ojito".

2º. El Juez de Letras de Cuencamé, al frente de las acordadas, recorría las rancherías, pistola en mano, vertiendo frases soeces para ultrajar a las familias arrojadas y ordenando el incendio de jacales y derrumbamiento de casas.

3º. En el rancho "El Conejo", insultó pública y gravemente a Cecilio Espinosa, porque éste le presentó una protesta escrita, sencilla, respetuosa y atenta contra la ejecución de la sentencia.

4º. En el rancho "La Gatuña", las desdichadas familias fueron arrastradas de los pies, para sacarlas de sus hogares y arrojarlas al llano.

5º. Un indígena, Alberto Ochoa, reclamó al Juez el inhumano proceder empleado con los padres del reclamante, que fueron expulsados del rancho "La Cuchilla" y el Juez manda al Teniente Coronel de las fuerzas federales, "que pase por las armas" a Ochoa. Naturalmente, el jefe militar rehúsa ejecutar esa orden.

6º. En el propio rancho de "La Cuchilla", no se contentaron con expulsar a las familias, sino que quemaron todos los cercados y corrales dentro de los cuales se encerraban los ganados de los indígenas, apoderándose las Acordadas de los ganados y del "tlazole" o "rastrojo".

7º. El rancho de "Las Cuevas" fue enteramente destruido con dinamita, porque el caserío era de piedra y ofrecía resistencia al furor de destrucción de que estaba poseído el Juez y los sirvientes de la Hacienda de Sombreretillos.

8º. Las Acordadas "echan realada" -para emplear la frase grafica de la localidad,- de reses y asnos, que conducen á sus alojamientos o cuarteles, exigiendo de los dueños cinco pesos por cada semoviente para devolvérselos.

9º. Todos los aguajes, norias y ranchos, ocupados por sirvientes de la Hacienda de Sombreretillos, para privar a los desdichados indígenas, del uso del agua, de la leña, del pasto, de las tierras de labor, de cuanto signifique para cuatro o cinco mil almas que componen esas familias, un elemento necesario para la vida.

10º. Reina en la región un terror indescriptible. Está muy próxima la época de las siembras; pero ignorando los infortunados indígenas qué cosa es suya o cuál de la Hacienda de Sombreretillos, pues los han despojado hasta de tierras que no fueron objeto del litigio, no se atreven a sembrar un acre de tierra. Por lo demás, los sitios en que están sus presas y acueductos (construidos algunos desde hace más de cincuenta años), están militarmente ocupados por las fuerzas del Estado, para impedir que los indígenas ejerciten ningún acto de posesión o dominio.

11º. Como el móvil único del Señor don Laureano López Negrete ha sido apoderarse de terrenos de los indígenas que contienen una cantidad considerable de guayule, acaba de establecer en "Cerro Gordo" un corte de guayule en gran escala.

12º. Como el guayule se vende a $200.00 la tonelada, está explicado el rigor con que López Negrete, sus sirvientes, el Juez de Letras de Cuencamé que tiene un sobresueldo de López Negrete y las autoridades locales tratan a los indígenas, porque les discuten el derecho para apoderarse de las tierras donde hay guayule.

13 º. Tengo motivos fundados para creer que el señor Gobernador de Durango está expresamente autorizado un rigor innecesario y el empleo de medios severísimos (arresto de los indígenas, expulsión de sus familias, privación de sus elementos de vida) para obligarlos a que celebren una transacción desventajosa en beneficio de López Negrete.

14 º. A mí me llamó a fines del mes pasado, con ese objeto, a Durango. Admitió en nuestra conferencia que los indígenas tenían un dominio indiscutible sobre sus tierras por prescripción; me ofreció quitar al Juez de Cuencamé, no desposeer a los indígenas y poner en libertad desde luego a las diez y seis o diez y ocho víctimas inocentes que tienen en la cárcel (bases sin las cuales, le di a entender que no hablaría yo de transacción); al mismo tiempo que ofrecía todo esto, multiplicaba las medidas de rigor y crueldad contra mis desventurados clientes.

Torreón, 12 de mayo de 1910, Lic. Francisco O´ Reilly."

MOVIMIENTO

Convencidos los campesinos de que el régimen porfirista no les dejaba otro camino que levantarse en armas, acudieron al llamado de Francisco I. Madero con el Plan de San Luis y se fueron a la Revolución con más de mil campesinos encabezados por Calixto Contreras, atacando la población de Cuencamé el 13 de febrero de 1911. Esta fue la causa por la cual Cuencamé destacó en la Revolución y llegó a tener 21 generales.

En 1919, el general Severino Ceniceros y Margarito Machado Quezada iniciaron un expediente de solicitud para la restitución de tierras de los Pueblos Unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila.

En México, el general Ceniceros siguió los trámites de restitución, al igual que de los pueblos de Peñón Blanco y Pasaje. El 3 de marzo de 1921, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se restituyeron las tierras a los Pueblos Unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila, que habían sido despojados por el hacendado de Sombreretillos de Campa.

Por el año 1934, los campesinos de los Pueblos Unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila solicitaron al Gobernador la dotación de tierras de las Haciendas de Sombreretillos y de Jimulco, de Amador Cárdenas, y le pusieron por nombre General Severino Ceniceros. La gestión siguió, y el 6 de febrero de 1968 se autorizó la dotación de tierras al ejido en un total de superficie de 11 mil 373-73-03 hectáreas.

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