SCT construyó la 'súper' sin permisos

La supercarretera Durango-Mazatlán en su tramo de El Salto a Concordia fue construida sin el permiso de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con un documento emitido por la misma Semarnat a través de una solicitud de acceso a la información, se pudo conocer que en los 230 kilómetros que conforman la autopista, solo en 130 la secretaría señalada autorizó los permisos de impacto ambiental, primero el de Durango-El Salto en diciembre de 1997 y después el de Villa Unión-Concordia (en Sinaloa) en el año 2002.

En el año 2003 se solicitó el permiso de impacto ambiental para el tramo de El Salto en Durango a Concordia en Sinaloa, aproximadamente100 kilómetros.

En este tramo se pedía permiso para construir 53 túneles. Aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solo presentó la ubicación de 49, le faltaron cuatro.

Se presentó documentación para la construcción de 25 puentes y en esta solicitud no venía la del puente El Baluarte.

También el permiso para instalar 20 bancos de materiales, entre otro tipo de infraestructura, pero no especificaron los criterios para seleccionar los lugares donde instalarían estos bancos de materiales.

Tampoco señalaron dónde depositarían el material que se supone saldría de los túneles y cuyo volumen aproximado se estimó de 700 mil metros cúbicos de tierra y piedra.

La solicitud tampoco refería cómo proteger la fauna que en toda esa zona se tiene como categoría de riesgo, entre ellos cuatro mamíferos, siete aves y un anfibio.

La SCT carecía del permiso necesario para proteger el deterioro que presentaban algunos ecosistemas en esa zona; solo presentaron en cuatro párrafos los impactos ambientales que se generarán en donde pase la carretera (autopista), pero no la calidad del sistema ambiental regional.

Tampoco presentaron información sobre la hidrología tanto superficial como subterránea que podría verse afectada, como son los embalses y cuerpos de agua cercanos.

Y ante estas y varias observaciones más, la Semarnat le negó a la SCT el permiso de impacto ambiental en el tramo de El Salto a Concordia.

Corrupción e impunidad en la construcción

Ernesto Pérez Virgen, representante legal de los ejidatarios dueños de la tierra por donde pasa la autopista referida, dijo que esto solo habla de la corrupción e impunidad que hubo durante la construcción de esta autopista, sobre todo porque fue la misma dependencia federal la encargada de violar la ley y de pasarse “por el arco del triunfo” los permisos para poder realizar este tipo de obras.

Explicó que si por parte de la SCT hubo violación a todas las leyes ambientales, por parte de la misma Semarnat y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hubo total complicidad al hacerse “de la vista gorda” y permitir que la SCT realizara la obra sin el permiso necesario.

Demandarán a Fox y Calderón

Ante esto, el representante de los ejidatarios dijo que habrán de demandar la reparación de los daños ambientales que la SCT y los gobiernos federales de Vicente Fox y Felipe Calderón hicieron en esa zona al construir una autopista sin el permiso correspondiente.

“Vamos a presentar una demanda contra Felipe Calderón y Vicente Fox por estas irregularidades permitidas en sus sexenios; contra Peña Nieto no, porque a él solo le tocó inaugurar la obra, pero si obstruye la aplicación de la ley, también lo haremos por encubrimiento”, dijo Pérez Virgen.

Contubernio entre dependencias federales

Por su parte, Héctor González, abogado de los ejidatarios e integrante del ejido Pueblo Nuevo, comentó que es totalmente incongruente que cuando un productor forestal derrumba un árbol sin permiso de la Semarnat, las autoridades federales a través de la Profepa actúan de forma inmediata e incluso, el productor puede ir a parar a la cárcel.

“Aquí derribaron miles y miles de pinos sin el permiso correspondiente de la Semarnat y ¿dónde estuvo la Profepa?, ¿por qué no actuaron en contra de la SCT y de las empresas que hicieron esta obra?”, cuestionó el abogado.

Ante ello, dijo que habrán de solicitar la reparación del daño ambiental que se causó a toda esa zona porque con esta carretera se taparon varios manantiales de agua, se obstruyó el paso del río Baluarte, se destruyó la zona de apareamiento de la guacamaya verde, entre otros tantos desastres ambientales que dejaron y que hasta ahora no se han corregido.