De mayo a octubre de 2013, mil 219 centroamericanos fueron enviados a prisión en México acusados de homicidio, robo y tráfico de personas, entre otros delitos.
De acuerdo con los resultados previos de una investigación llevada a cabo por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y el Programa de Migración de la Universidad Iberoamericana, los migrantes centroamericanos son especialmente vulnerables a ser detenidos y sometidos a procesos penales irregulares.
“Los migrantes son susceptibles de ser encarcelados y acusados de delitos que no cometieron” indicó Denise González, colaboradora del Centro Prodh. Las garantías judiciales como el derecho a la asistencia consular, reprochó, son prácticamente inexistentes. “La mayoría de ellos son de Guatemala y Honduras, acusados de diversos delitos, como son homicidio, robo, delincuencia organizada, y delitos de carácter más migratorio, como tráfico de personas indocumentadas, que, casualmente, son los mismos delitos que han identificado casas de migrantes (y) organizaciones que defienden a migrantes”, detalló.
Dichas organizaciones, abundó, también han documentado que las personas centroamericanas son vinculadas a procesos penales por delitos parecidos. Tal es el caso, dijo, del migrante hondureño Ángel Amílcar Colón, quien fue detenido durante su tránsito por Tijuana, Baja California, y presentado por cargos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
El estudio, que será presentado la próxima semana, concluye que un sector de la población migrante, además de sufrir violaciones a sus derechos humanos en el proceso de tránsito por México, está encerrado en las cárceles del país acusado por delitos del fuero federal y común, en procesos judiciales con mucha frecuencia irregulares. Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México, denunció que las detenciones obedecen a una fallida estrategia de seguridad que busca culpables entre los grupos más vulnerables de la sociedad, como los migrantes, indígenas y personas con bajos recursos.
El sistema de procuración de justicia mexicano, aseguró, es racista y discriminatorio, y los migrantes suelen ser víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de las autoridades.