La ausencia de resultados en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y las dificultades para lograr entablar un diálogo constructivo con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, son una combinación que alimentan una creciente inconformidad social, que el gobierno federal no sabe cómo atender.
El caso de los normalistas de Ayotzinapa tiene, al menos, 3 elementos que lo convierten en altamente explosivo: uno, el hecho de que involucre directamente en los crímenes a fuerzas de seguridad públicas; dos, el que sea un evento prolongado en el tiempo; y tres, que se trate de estudiantes. Esto, desde luego, sin tomar en cuenta la incapacidad de las autoridades de ofrecer explicaciones razonablemente aceptables.
La responsabilidad de las fuerzas de seguridad, en este caso supuestamente únicamente de las policías municipales de Iguala y Cocula, en la detención y entrega de los 43 normalistas al grupo delictivo Los Guerreros Unidos es un ingrediente que enardece los ánimos, pues implica la participación intencionada y premeditada de las fuerzas del orden público en la comisión de delitos.
El asunto se agrava, cuando no se logra ofrecer una explicación clara del móvil del grupo delictivo y la autoridad cambia repetidamente sus versiones. Esto alienta las sospechas de que las policías municipales no sean las únicas fuerzas públicas involucradas en esos acontecimientos, pues hay declaraciones de estudiantes que señalan que cuando fueron a pedir ayuda a militares, sus angustiosos llamados fueron totalmente ignorados.
Así, en estos momentos, lo único que no está sujeto a ningún cuestionamiento es que todas las víctimas (los 6 asesinados y los 43 normalistas desaparecidos) cayeron en manos de los policías municipales de Iguala; después, aunque sean versiones oficiales, todavía no tienen un respaldo contundente: que participó la policía de Cocula, que los entregaron al grupo Guerreros Unidos y las supuestas razones por las que éstos los ejecutaron.
En estas circunstancias es un hecho que la única responsabilidad ineludible es de una fuerza de seguridad del Estado mexicano; el resto todavía está sujeto a la conclusión de las investigaciones y la resolución del caso.
Obviamente, este evento causa una mayor y creciente indignación que todas las otras masacres de los últimos años (las llamadas narcofosas en Tamaulipas y Durango, el ajusticiamiento de los presuntos delincuentes en Tlatlaya y el mismo incendio del Casino Royale en Monterrey, entre otros) porque, hasta estos momentos, es un evento sin desenlace conocido, en todos los otros casos los crímenes se conocieron cuando se encontraron los cadáveres o las instalaciones se encontraban en llamas.
En este caso, lo que se sabe es que se los llevaron con vida y, por lo tanto, existe la esperanza de encontrarlos vivos, pero ésta disminuye con cada minuto, hora, día, semana, mes que pasa, por lo cual la demanda de localizarlos es creciente. Y la inconformidad crece primero ante la displicencia de las autoridades, que inicialmente negaron la detención de los normalistas; y, después, ante la incapacidad de construir una estrategia para lograr su localización.
Así, conforme pasa el tiempo la inconformidad crece, pero el gobierno se encuentra en una verdadera encrucijada, pues sabe que cada día es más difícil que aparezcan con vida, pero también sabe que localizar sus cadáveres podría ser un detonante que provocara un estallido social incontrolable.
Por si todo esto fuese poco, el que se trate de jóvenes estudiantes es un ingrediente adicional y, peor todavía, cuando una institución de educación superior, como el Politécnico se encuentra en plena movilización en demanda de su autonomía. En cualquier circunstancia los crímenes contra los estudiantes desatan la indignación general, pero en este caso hay un movimiento en curso que suma a sus propias demandas, la solicitud de encontrar con vida a los normalistas desaparecidos.
A todo esto hay que agregar los errores de las distintas instancias de gobierno y, muy particularmente del gobierno federal, que hoy por hoy (a pesar de sus esfuerzos por eludir su responsabilidad en el caso de Iguala) tiene en sus manos los dos conflictos.
En la víspera de la conmemoración del 2 de octubre, al gobierno federal le preocupaba que el movimiento iniciado en el Politécnico se saliera de control y, por lo mismo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se atrevió a salir a dialogar con los estudiantes en plena calle de Bucareli y, posteriormente, concederles todas sus demandas; pero esta respuesta, en lugar de resolver el conflicto, lo alimentó pues los estudiantes elevaron sus exigencias.
Hoy establecen condiciones para dialogar en las instalaciones del IPN con 3 secretarios de estado, a lo cual se negó Emilio Chuayfett, titular de Educación Pública, que propone que sea en la Biblioteca José Vasconcelos, lo que por el momento tiene trabado el diálogo, pero no las acciones de los estudiantes, que ya convocaron a un paro nacional de universidades y centros de educación superior, y una movilización masiva para el próximo miércoles 5 de noviembre.
Mientras los estudiantes politécnicos elevan el tono de sus protestas y la indignación social por los eventos criminales de Iguala crece, el gobierno no acierta a encontrar alternativas transitables. El coctel es explosivo y hoy no se vislumbra una solución aceptable; todo lo contrario: cada día parece más difícil encontrar con vida a los desparecidos y más lejano el negociar una opción aceptable para estudiantes y autoridades en el IPN. El gobierno federal enfrenta el mayor reto de su sexenio.