Ciudad de México, .- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, dio a conocer ayer que solicitará a la Procuraduría capitalina una copia del expediente del caso Digna Ochoa, pues existen dudas fundadas sobre el desarrollo de las investigaciones.
En conferencia de prensa, afirmó que en este momento no hay certeza jurídica para emitir una opinión sobre el dictamen final, dado a conocer por la Fiscalía Especial que da seguimiento al caso.
Recordó que en distintos momentos el organismo a su cargo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron deficiencias concretas sobre el análisis de las prácticas administrativas.
Álvarez Icaza recordó que la CDHDF en su propuesta general 1/2002, indicó que existían fallas referentes a las averiguaciones sobre las amenazas contra defensores de derechos humanos, entre ellos, Digna Ochoa.
Sin embargo, a más de un año de ese planteamiento no se ha dado una respuesta por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y no se tiene constancia de que esas prácticas irregulares se hayan atendido o modificado.
Por lo anterior, afirmó que el organismo estará pendiente de la determinación final del procurador Bernardo Batiz, para, en su caso, analizarla, no en cuanto al sentido de la misma, sino en cuanto al derecho de toda persona a que se haga justicia de acuerdo con las formalidades de procedimiento.
Álvarez Icaza destacó que es el Ministerio Público quien debe investigar y perseguir el delito; pero, consideró, el representante social ha evidenciado deficiencias al desarrollar las prácticas administrativas en la integración de las averiguaciones previas iniciadas por amenazas a defensores de derechos humanos.
La familia de la abogada Digna Ochoa informó que interpondrá un amparo ante la justicia federal tras la resolución dada a conocer por la Fiscalía Especial que sigue el caso de la muerte de la defensora, ocurrida el 19 de octubre de 2001.
Jesús Ochoa, hermano de la litigante, afirmó que esperarán a que la Procuraduría capitalina les notifique el resultado de su investigación, de la cual su familia no está conforme.
Recordó que durante el proceso de integración de la averiguación previa, los abogados de la familia ofrecieron pruebas avaladas por peritos, el 6 de mayo pasado, con las que se demostraba a la Fiscalía que su hermana había sido asesinada.
Sin embargo, afirmó que la Fiscalía encabezada por Margarita Guerra y Tejada no aceptó dichas pruebas, lo cual representaba un aviso para ellos de que la conclusión de la Procuraduría se basaría únicamente en la línea o hipótesis del suicidio.
Concluyen suicidio
La fiscal para el caso Digna Ochoa, Margarita Guerra y el procurador de justicia del DF, Bernardo Bátiz confirmaron que la defensora de derechos humanos se suicidó el pasado 19 de octubre de 2001 en su oficina por motivos personales. Esta tesis confirma la que en su momento ofreció Renato Sales Heredia, hoy subprocurador capitalino sobre la muerte y no asesinato de la abogada, por lo que se determinó el no ejercicio de la acción penal.
En conferencia de prensa, Guerra informó que las conclusiones a las que se arriban "no son meras ocurrencias o producto de la imaginación, sino del riguroso examen de las evidencias" entre las que se cuentan 282 declaraciones, 260 diligencias ministeriales, 269 intervenciones periciales, 595 informes de la Policía Judicial y otras autoridades.
La funcionaria, explicó que una vez revisado el caso, se dedujeron básicamente tres líneas de investigación vinculadas con el fallecimiento de la activista: militares, guerrero y entorno social, personal, profesional.