¿Tiene el Estado el derecho de exhibir universalmente las peores conductas de sus ciudadanos? ¿Es legítimo que emplee su poder y sus recursos para humillarlos? ¿Puede usarse la tecnología para aplicar a los abusivos castigos que no están previstos en la ley? Yo respondo enfáticamente que no. La tarea del Estado no es el escarnio, es el castigo. De hecho, podría decirse que el Estado nace para domesticar la pena que merecen los transgresores. Frente a la indeterminación del repudio social, la exactitud de la multa, la precisión del encierro. Pensaría que nadie que crea realmente en una cultura de los derechos podría tomar el atajo del escarnio como política punitiva. Me parece claro que la vereda conduciría, tarde o temprano, a grotescas arbitrariedades políticas. En estas horas de confusión, sin embargo, hay que volver a lo elemental: el poder público no puede hacer más que lo que expresamente le permite la ley. Aceptar por hartazgo el principio de que un burócrata pueda imponer sanciones devastadoras es concederle un poder excesivo. Como tantos otros atropellos, el abuso que se dispone en el permiso puede invocar las mejores intenciones y las mejores justificaciones. Es, a mi juicio, inaceptable.
El asunto merece debate. Ha hecho bien, a mi juicio, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad el levantar la mano frente a la decisión de la Delegación Miguel Hidalgo de transmitir en tiempo real, sus operativos y difundir, las transgresiones de los "vecinos gandalla". Quien lo hace pretende, explícitamente, aplicar un castigo a los desvergonzados que tiran la basura en la calle, que estacionan sus coches en la banqueta, que ofrecen soborno. Ha podido documentar el lenguaje y los desplantes de quienes, gozando de dinero y poder, creen estar muy por encima de las restricciones que impone la convivencia. Es cierto: no hay ley que se les aplique, no hay sanción que los intimide, no hay autoridad que respeten. Es cierto también: la autoridad es débil y carece de prestigio. Se entiende por eso la tentación de hacer cualquier cosa para detener la prepotencia, la falta de compromiso elemental de muchos con el vecindario y la ciudad. Creo, sin embargo, que la medicina puede terminar siendo más costosa que la enfermedad. De nuevo, apostar por los vengadores. Debilitar la ley, arguyendo que se le rescata. Lo digo aceptando que la inquisición podría resultar, por intimidatoria, eficiente. Sin embargo, ¿son los resultados el único medidor de la acción pública? ¿Podemos desentendernos de los abusos que pueden cometerse al otorgarse esa licencia a los burócratas?
No se trata, desde luego, de censurar las redes sociales, de imponer controles a lo que la gente comparte con su teléfono. Las nuevas tecnologías, la intensa comunicación instantánea que puede propagarse en segundos ofrece prodigiosos mecanismos de denuncia. Mientras los medios tradicionales callan, los nuevos instrumentos de comunicación destapan atropellos. En los últimos años hemos podido ser testigos de muchos abusos que habrían pasado de noche sin esa velocísima difusión. El tema que tenemos enfrente no es la censura de los particulares sino el control de los agentes del poder público. El problema con la estrategia de la Delegación Miguel Hidalgo es que, al adoptar técnicas de denuncia cívica, pretende desentenderse de sus restricciones legales. Lo dice con cierta candidez la delegada: la difusión permite denunciar abusos. Eso: el gobierno local se emplea para dar noticia del abuso y entrega la aplicación del castigo al público. El atrevimiento, la provocación (y las manipulaciones) de Michael Moore convertidos en estrategia gubernamental.
La humillación en la quiere cimentarse la nueva virtud no puede ser política pública. El castigo que se aplica instantáneamente deja una marca indeleble en las personas. Castigos perpetuos e inapelables. Castigos frente a los cuales no cabe defensa. Que en estos días celebremos la exhibición de un prepotente no significa que la estrategia sea confiable. El poder público debe abrazar la tecnología como proveedor de pruebas y mecanismo de control de sus representantes, nunca como castigo. Umberto Eco hablaba en su última novela de la máquina de fango. El mal periodismo, el chismerío de las redes sociales son maravillosos artefactos para esparcir lodo. No hace falta revelar gran cosa, decía Eco: la pura insinuación puede bastar para manchar por siempre a alguien. La pregunta que provoca la polémica estrategia de la Delegación Miguel Hidalgo es si debemos convertir al Estado en otra máquina de fango. Yo creo que no.
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