
De último momento movieron documentos
Otro sexenio está por terminar y la historia se repite: no se cuenta en Durango con una legislación en materia de archivos que obligue a un adecuado manejo y resguardo de los mismos, para consulta de todos, lo que permitió que se hicieran cambios repentinos del material documental que ha sido catalogado como "la memoria de Durango".
Se dice que no se puede pregonar que hay transparencia si no se cuenta siquiera con los mecanismos que hagan perdurar la documentación, para lo cual es necesaria una Ley de Archivos, sin embargo, desde hace más de una década este asunto ha sido desdeñado por gobiernos y legislaturas que han decidido posponerlo una y otra vez.
Nunca se ha dado la importancia debida al acervo documental de los duranguenses, en el cual deben quedar plasmados no sólo datos históricos de nuestra identidad, sino además el respaldo documental de las decisiones de gobierno.
En el 2009, un año antes de que concluyera el anterior sexenio, se decidió mover el Archivo Estatal del exinternado Juana Villalobos (ahora Centro de Convenciones Bicentenario) a una bodega de las antiguas instalaciones de la Feria (donde era el Pabellón Artesanal), un espacio con techo de lámina que no contaba con las condiciones idóneas para resguardar la documentación.
Desde entonces se habló de manera recurrente de la necesidad de reubicar el archivo e inclusive se reconoció por parte de las autoridades que era necesario construirle un edificio propio. También se habló de la posibilidad de que en las antiguas instalaciones de la Feria se edificara un Centro Comercial, por lo que debían moverlo.
Parecía que la actual administración lo lograría. En febrero del presente 2016 se anunció por parte del secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Olvera Escalera, que se construiría un nuevo edificio que posiblemente estaría por el libramiento San Ignacio.
Cinco meses después se puso en duda la construcción del edificio por cuestiones presupuestales y se habló de la opción de dejar una nave o bodega a la nueva administración, para que los documentos estuvieran en condiciones más dignas.
CAMBIO A MARCHAS FORZADAS
El tiempo se le vino encima a la actual administración estatal y, a menos de 15 días de concluir, se decidió empezar a trasladar los documentos. Pero no fueron llevados a un sólo lugar, se optó por enviar una parte a las salas Fanny Anitúa, Rosaura Revueltas y anexa a la Rosaura Revueltas del Centro de Convenciones Bicentenario (CCB); y la otra, a una bodega ubicada en el fraccionamiento Guadalupe, cuya dirección no se precisó.
El secretario general de Gobierno Miguel Ángel Olvera Escalera reconoció que se rentó la bodega del fraccionamiento Guadalupe ex profeso para trasladar los documentos de concentración (de trámites, recibos, facturas, contratos, entre otros); mientras que el archivo histórico se llevó al CCB.
Asimismo, reconoció que por falta de recursos se suspendió la construcción del edificio para el archivo estatal.
Descartó que la humedad y las goteras hayan puesto en riesgo los documentos motivando la reubicación repentina.
Sin embargo, fueron encontradas decenas de cajas y cientos de documentos esparcidos en el lienzo charro de las antiguas instalaciones de la Feria que, según se argumentó, se pusieron ahí para que se secaran.
El Siglo de Durango acudió varios días de la semana pasada a las instalaciones del CCB para constatar las condiciones de los archivos, luego de su traslado, sin embargo, permanecen cerradas las aulas en las que fueron colocados.
A cuatro días de que termine la administración estatal, se desconoce también la ubicación exacta de la bodega del archivo de concentración y no se sabe si la "memoria de Durango" sigue completa, luego de haberse llevado a cabo la reubicación.
No quieren
Se han heredado de legislatura en legislatura las iniciativas que se han presentado para la creación de una Ley de Archivos.
Usuarios
Aunque los usuarios más frecuentes del archivo estatal son los investigadores, está disponible para la consulta de la ciudadanía en general.
Cambio
Se hizo el traslado en el último tramo de la administración pese a que se insistió en ello durante los últimos siete años.
Los archivos "perdidos"
Además de preservar la historia del estado, los archivos debieran guardar los documentos que contienen cuánto y en qué gastaron los gobiernos, además de otra información importante. Sin embargo, ante la falta de una ley que los regule, los archivos tienen lagunas por lo que no se puede garantizar el acceso a toda la información pública.
En agosto de 2010, a un mes de terminar la pasada administración, el entonces subdirector del Archivo Histórico del Estado, Cuauhtémoc Martínez Torres, quien actualmente se desempeña como director, reconoció que ya sea por ignorancia o ausencia de obligatoriedad, hay ocasiones en que los documentos han sido destruidos, vendidos e incluso "ha pasado" que han sido recogidos por los funcionarios al dejar el cargo.
"Ellos piensan: ahorita termino y me llevo las cajas que generé para que no se enteren de lo que hice y dejan las oficinas vacías", refirió. Dijo que la falta de aprobación de dicha ley implica un "retraso total" para el estado, "¿cómo vamos a ver las finanzas de los gobiernos, qué tanto se hizo, qué se aprobó?", cuestionó en aquel momento.
Recordó que hubo documentos del Tribunal Superior de Justicia que nunca se encontraron y admitió que también hay huecos informativos de varios periodos gubernamentales, tanto municipales como estatales. "Cuando estuvo Gonzalo (Yáñez) de Presidente Municipal también tiraron mucha información. Dicen que no es cierto, que no se perdió nada pero hay huecos enormes. Del sexenio de Silerio hemos de tener como 50 cajas y sólo de algunas dependencias, ¿dónde están las demás?", preguntó.
Datos
Archivo Estatal:
Son millones de documentos los que fueron trasladados, contenidos en más de 14 mil cajas.
Durante el cambio anterior fueron necesarios 28 camiones con refrigeración.
También hay documentos de la época colonial y del Registro Civil, algunos de los cuales datan del año 1500.
Adicionalmente, se lleva al archivo lo que las dependencias consideran necesario, ante la falta de reglamentación.