Los senadores aprobaron las propuestas del presidente como un trámite de rutina. Como el burócrata de la ventanilla sella el papel amarillo al comprobar que se presenta la ficha blanca, así ratificaron los senadores al nuevo Procurador General de la República y a la Secretaria de la Función Pública. Ambos funcionarios empezaron la legislatura como senadores y ahora cosechan, más que el fruto de su trabajo o la recompensa por su eficacia, la ventaja de sus relaciones. El Senado, lejos de ser el ámbito republicano de la exigencia, trabajó como una corte celebrando la condecoración de uno de los suyos. Un club del abrazo y el elogio. No es, por supuesto, que se desee que las propuestas presidenciales sean bloqueadas sistemáticamente. Lo que resulta preocupante es que las asambleas representativas no cumplan su función de sínodo: un cuerpo que, desde distintos ángulos examina exigentemente la experiencia de un candidato, que inquiere con severidad sobre su visión del cargo que podría ocupar, que explora la seriedad de sus propuestas y que analiza meticulosamente todas las pistas de su trayectoria pública. Esa es la tarea que le corresponde constitucionalmente. Ser el foro que defiende el interés nacional a través del cuestionamiento. Nada de eso hizo el Senado. Recibió las propuestas y tributó las felicitaciones.
Pocos podrían decir que la velocidad del Senado se explica por las impecables credenciales profesionales de los propuestos. Abundan las dudas sobre la idoneidad de los nuevos funcionarios para los cargos que ocupan. Nadie podría decir que el nuevo procurador tiene experiencia en tareas de procuración de justicia, o que ha destacado por su trayectoria en la administración pública. Nadie lo podría decir porque el nuevo procurador no tiene experiencia en las tareas de su cargo. Ninguna. En una de las tareas más delicadas y complejas del Estado mexicano se ha confiado en la inexperiencia sin autoridad. Tampoco imagino a alguien sugiriendo que el paso de la nueva Secretaria por la Procuraduría General de la República estuvo marcada por la claridad de su empeño, la elocuencia de sus mensajes o por la eficacia de su gestión. ¿Alguien se atrevería a decir que el nuevo encargo es un reconocimiento por el éxito en el previo?
No es necesaria maledicencia alguna para sospechar que los nombrambientos recientes son, por decir lo mínimo, cuestionables. Lejos de encarar su crisis ampliando el horizonte de su administración, el presidente simplemente reubica las piezas. Pero lo que me importa resaltar ahora no es el encierro del presidente sino la deferencia del Senado. La política facciosa del presidente encuentra estímulo en la adhesión automática, irreflexiva y hasta cierto punto reverencial de las oposiciones.
La restauración de la política de la deferencia es uno de los más lamentables efectos del consenso peñanietista. A pesar de que se haya roto el Pacto por México queda una inercia consensual que pervierte severamente la maquinaria de los equilibrios. Los funcionarios centrales de la lucha del gobierno federal contra la delincuencia y contra la corrupción exentaron el examen de admisión. No encararon la indispensable suspicacia del legislativo; no enfrentaron la saludable desconfianza de un cuerpo autónomo. La actitud deferencial del Senado es desprecio de su función constitucional. El foro del cuestionamiento se convirtió en baile de la corte. Se trata, en efecto, de una política de la deferencia: un respaldo fundado en la consideración al otro, en la lealtad al otro y no en el examen racional de sus propuestas. La mancha de esta sumisión cordial queda, sobre todo, en las oposiciones que han abdicado a su deber de exigir razones al gobierno. Dedicados a aplaudir, a felicitar, a elogiar, habrán conseguido, como dicen ellos, buen sitio en los afectos de quien habrá de perseguir el delito.
La única manera de proteger a un régimen democrático en tiempos de indignación es intensificando la polémica en el ámbito institucional. Necesitamos una política que aloje opciones, que ejerza la crítica en las tribunas de la representación, que sostenga públicamente las razones de la diferencia, que ofrezca rutas alternativas. Mientras el consenso de las élites sea el espectáculo que nos brinda la política, se legitimará esa opción que cancela las opciones.