Recurren 25 policías al auxilio de Tribunal
En lo que va del año en curso, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango ha atendido asuntos de 25 policías, entre municipales y estatales, que han solicitado la intervención de esta instancia una vez que han sentido que se han vulnerado sus derechos por haber sido dados de baja de sus respectivas corporaciones.
Así lo informó el magistrado presidente del citado Tribunal, Gerardo Antonio Gallegos Isais, quien detalló que, en su mayoría, los agentes policiacos que han acudido a esta instancia provienen, principalmente, de municipios como Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero, Coneto de Comonfort, Guadalupe Victoria y San Juan del Río.
En el caso del municipio de Durango, indicó que también se han ventilado algunos casos ante este Tribunal, aunque sucede lo mismo que con los elementos estatales, quienes se hacen acompañar de abogados que contratan de manera particular para dirimir las controversias.
Generalmente, subrayó, el motivo más recurrente para solicitar la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa es porque argumentan que no se les respetó su derecho de audiencia al momento de ser destituidos de sus cargos en las corporaciones de Seguridad Pública, en virtud de que se les da de baja sin seguirles el procedimiento administrativo correctamente.
Cuestionado sobre si el Tribunal actúa para que a los agentes policiacos se les otorgue una indemnización económica apegada a derecho, Gallegos Isais señaló: "Desde luego, la sentencia que se emite, en caso de que hayan sido mal seguidos los procedimientos, es en el sentido de que se les pague la indemnización correspondiente".
No obstante, el magistrado Presidente enfatizó que, por disposición constitucional, los elementos policiacos dados de baja no pueden ser reinstalados, a pesar de que no exista causa justificada para su cese. En esos casos, dijo, la indemnización consiste en el pago de tres meses de salario, más 20 días por año trabajado, además de la parte proporcional de prestaciones como aguinaldo, entre otras.
Después de terminado el juicio contencioso-administrativo, indicó el entrevistado, los agentes pueden recurrir al juicio de amparo, aunque de cualquier forma no podrán ser reinstalados en sus puestos, precisamente por disposición constitucional.