Hace unos días, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) anunció que el salario mínimo diario aumentaba de 80 a 88.3 (10.4%). Con eso concluyó un largo período (20 años) durante el cual la Comisión no decretaba un aumento que más que compensara por inflación y, por tanto, incidiera, en principio, sobre la estructura salarial. Esto es, sobre los salarios relativos.
El aumento se dio luego de un prologando debate, durante el cual las posiciones políticas predominaron. Con este aumento concluye un período de más de tres décadas durante el cual la política económica no incluía medidas de lo que en la literatura se denomina "política de ingresos", esto es, la relación de las remuneraciones más bajas y las más altas, así como entre sueldos y salarios con otro tipo de ingresos, por ejemplo, el de los campesinos, sea en un contexto de precios de mercado o de "garantía". Es un cambio bienvenido, sobre todo porque durante 20 años, los aumentos de los salarios nominales se rezagaron respecto a la inflación y, por tanto, se deterioró el poder adquisitivo. No debe pasar desapercibido que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), si se consideran las percepciones salariales de todas las personas ocupadas en la economía mexicana, éstas han disminuido alrededor de 18.3% entre 2006 y 2017, lo que sin duda ha contribuido al aumento del empleo en la economía, aunque con remuneraciones reales más bajas.
Un aspecto crucial de ese debate ha sido el grado en que un aumento del salario mínimo incide sobre otros salarios, en otras palabras, si el salario mínimo constituye un eje de la estructura salarial general.
Se estima que hoy, cuando menos 300 mil de trabajadores ganan el mínimo, comparado con un número de asalariados formales de 19 millones. Quienes se oponen a este aumento argumentan que va a "desplazar" hacia arriba todos los salarios, impactando con ello la inflación y la generación de empleos. Esa hipótesis, que pudo haber sido cierta hace dos décadas, ya no lo es, precisamente debido al rezago que han observado los salarios mínimos. El diferencial entre salarios mínimos y otras remuneraciones ha venido aumentando. Por ejemplo, en 2000 el salario mínimo (78 pesos de 2017), se comparaba con el salario medio de quienes cotizan al Seguro Social (367 pesos de 2017), esto es, un diferencial de 4.7 veces; esa brecha creció a 5.2 veces para 2008. Después de la crisis, ambos salarios cayeron, pero la brecha permaneció prácticamente constante hasta 2016, cuando fue 4.9.
Ese aumento de la brecha no tiene una justificación económica clara ni, mucho menos, social. De ahí la pertinencia de disminuirla gradualmente. La estrategia del gobierno es consistente con las condiciones macroeconómicas y las expectativas sobre la economía mexicana. Primero, la Conasami realizó el aumento al mínimo a partir de diciembre, cuando quedan pocas renegociaciones contractuales y revisiones salariales relevantes pendientes (4.0% del total anual). Eso reduce la posibilidad de "contagio" del aumento al mínimo hacia otros salarios antes de que concluya 2017. Segundo, porque al incrementar el salario mínimo 10%, aumenta su base para la revisión salarial general (mínimos y no mínimos) que se aplicará a partir de enero del año próximo. El resultado será que el aumento del mínimo será mayor que el de otros salarios, sin que se presente el proceso de contaminación del aumento inicial.
Es evidente que, por el monto y la manera como se instrumentó, este aumento salarial tiene lógica en lo económico y beneficios en lo político para el gobierno, justo en año electoral. Hay beneficios colaterales, como mayores ingresos de las instituciones de seguridad social y una eventual mejoría del bienestar de un grupo muy desfavorecido de mexicanos.
Las autoridades fueron preparando el terreno para lograr un aumento viable, por ejemplo, al desvincular los ajustes de diversas cuotas, multas, sanciones del sector público, y también de privados, del salario mínimo. Esa cuasi indexación parcial con el mínimo, que fue por demás ineficiente, se superó tras evidente concertación con empresarios y sindicatos. Éste es un ejemplo de lo que puede hacerse bien en la ejecución de políticas públicas.