La Ley de Seguridad Interior obligará a las entidades a justificar detalladamente por qué requieren de la intervención de las Fuerzas Armadas en sus territorios para combatir al crimen y, de paso, se deberán comprometer a colaborar para atender los riesgos que reportan.
Además, la ley obliga a las entidades a cubrir con su presupuesto parte de los gastos que se generen por las acciones de protección que demanden.
Tal legislación busca regular la labor del Ejército y la Marina en las tareas de seguridad en las entidades. Fue aprobada por los diputados el jueves y se discutirá en el Senado esta semana.
El artículo 13 indica que en las peticiones de Declaratoria de Protección, las Legislaturas locales o el Gobernador deberán presentar al Ejecutivo federal las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior, lo cual no sucede actualmente cuando se movilizan fuerzas federales a determinados territorios.
Para ello, las entidades tendrán que especificar la "amenaza identificada" y el impacto de la misma; el área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas.