Municipios, entre los más opacos del IDAIP
Los ayuntamientos como sujetos obligados ocupan el fondo de la tabla en la evaluación diagnóstica que realizó el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP), luego de que entró en vigor la Ley de Transparencia.
La comisionada del IDAIP, María de Lourdes López Salas, explicó que la evaluación diagnóstica termina en este diciembre, y a partir de enero los ayuntamientos como sujetos obligados podrán ser acreedores a sanciones por no cumplir con sus obligaciones de transparencia.
Y es que según la tabla de verificación que publicó el IDAIP, seis de los 10 sujetos peor evaluados son los municipios de Coneto de Comonfort, San Luis del Cordero, Tlahualilo, Hidalgo, Santa Clara y Canelas.
Estos acumulan valores de cumplimiento que van desde el uno hasta el 13 por ciento mensual, pero la mayoría de los meses el cumplimiento de obligaciones está en ceros.
De los más de 200 sujetos obligados en la entidad, 34 ayuntamientos se cuentan entre los peor evaluados en la carga de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, que a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Acceso a la Información se planteó como una herramienta para que los ciudadanos puedan consultar datos de forma eficiente.
Lourdes López Salas apuntó que no ha habido un argumento por parte de los responsables en los municipios porque además el proceso de evaluación diagnóstica aún no concluye.
ARGUMENTO
Una de las razones que se intuye es la falta de infraestructura y personal capacitado para cumplir las obligaciones de transparencia en los diferentes municipios, algo que no obstante no justifica no cumplir con la ley.
El IDAIP está obligado a revisar y en su caso sancionar las omisiones por parte de los sujetos obligados.
Una particularidad es que las modificaciones a la Ley, que ahora es general, es que las sanciones no se aplicarán al sujeto obligado, es decir que no será el Ayuntamiento quien pague la sanción, sino los miembros del Comité de Transparencia, que son los responsables de cargar la información y de responder en los casos en los que haya una solicitud por parte de algún ciudadano.
Las sanciones, que antes eran más bien simbólicas, ahora pueden alcanzar o superar los 15 mil pesos, con lo que se busca inhibir las conductas opacas por parte de los servidores públicos a nivel nacional.
Además, los ciudadanos están facultados para denunciar ante el órgano rector -el IDAIP- las omisiones por parte de los sujetos obligados, de tal suerte que la ciudadanía participará en la fiscalización.