De nada sirvieron los múltiples llamados y exhortos de la comunidad nacional e internacional, en particular de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, para no aprobar la Ley de Seguridad Interior. Finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto la promulgó y entró en vigor.
Esta controvertida ley, aprobada por la mayoría priísta y sus aliados en el Congreso, permitirá a las Fuerzas Armadas intervenir en las tareas de seguridad pública, mismas que, conforme a nuestra Constitución Política, están reservadas a la autoridad civil.
La ley, insistimos, es inconstitucional, socava derechos y libertades; confunde los conceptos de seguridad nacional y seguridad interior, para preservar la razón de Estado, no la de los ciudadanos. Somete a la población civil a la autoridad militar; invade el derecho a la privacidad, y vulnera la protección de datos personales; viola el derecho a la información; subordina la autoridad civil al mando militar, al establecer la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Convierte la excepción en ley, y entrega el control político y el mando territorial a las Fuerzas Armadas.
El debate parlamentario se convirtió en un monólogo. La sordera oficial pretendió reducir la discusión, entre quienes estaban a favor o en contra de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad, el debate se centró entre quienes queremos que se respete a las Fuerzas Armadas, y quienes quieren que les tengamos miedo. Siguiendo el viejo consejo de Maquiavelo al Príncipe: es preferible que te teman a que te amen.
Durante el debate insistimos en que las Fuerzas Armadas deben apegarse al mandato constitucional sin invadir las competencias de la autoridad civil y que, cuando por una situación de excepción realicen labores distintas, estén sujetos a controles parlamentarios y rindan cuentas de su desempeño en las tareas realizadas en el combate a la delincuencia organizada; los problemas que representa el relajamiento de la disciplina militar; el número de deserciones registradas y el de elementos de las fuerzas especiales que se han incorporado a los grupos delictivos; los problemas de corrupción y penetración de las organizaciones criminales en mandos y tropas. Las violaciones de los derechos humanos en que han incurrido algunos de sus elementos y las sanciones que se les han impuesto, estableciendo facultades y competencias reales de control parlamentario.
También resultó maniqueo al pretender simplificar el debate entre quienes quieren resolver los problemas de inseguridad y violencia, y quienes no. Todos queremos recuperar la paz que nos robó el mal gobierno y la delincuencia organizada. La pregunta es si la militarización de las tareas de seguridad pública lo va a resolver. Los resultados alcanzados demuestran que no. Durante los primeros cinco años de este gobierno se han cometido cerca de 96 mil homicidios, tres mil más que los registrados en los seis años del gobierno anterior. 2017 será el año más violento de las últimas décadas. La militarización de las tareas de seguridad pública fracasó, como ha fracasado el Estado mexicano, lo que obliga a replantear la estrategia en su conjunto.
Algo anda mal en el gobierno, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 25 comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, los rectores de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana; el Premio Nacional de Derechos Humanos, la galardonada con la medalla Belisario Domínguez, decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, académicos, trabajadores de la cultura e intelectuales se han expresado rotundamente en contra de esta ley.
Parafraseando la fábula que relata cómo el rey camina desnudo entre sus súbditos porque, en su soberbia infinita, los sastres más afamados del reino le confeccionaron un traje invisible que sólo los tontos no lo pueden ver. Aquí todos le dicen al soberano que camina desnudo, pero éste no oye, no escucha, no le importa la inconformidad generalizada.
El Presidente ha eludido su responsabilidad al señalar que será la Suprema Corte la que resuelva sobre la constitucionalidad de esta ley. Esperemos que las acciones de inconstitucionalidad que están obligados a promover la CNDH, el Inai, el INE y los legisladores opositores, sustituyan, en la Corte, la capacidad de veto presidencial.