El 56 % trabaja en la informalidad
En Durango la tasa de informalidad es del 56 por ciento según estadísticas sobre la pobreza elaboradas en 2016 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es decir, 56 de cada 100 personas empleadas están en este sector.
Esta incidencia de informalidad, podría estar relacionada con el atraso económico de cada entidad, comentó el analista Daniel Campillo Campos, al hacer referencia a que a nivel nacional la estadística es del 57.2 por ciento, mientras que Nuevo León tiene la tasa más baja con un 36 por ciento. En contraste, Chiapas tiene un 80.4 por ciento de su población con empleo, en la informalidad.
En este sentido, el analista refirió que en el estudio que hizo el INEGI "La informalidad laboral. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Marco conceptual y metodológico" (2014) se abordan las vulnerabilidades a las que se enfrenta este sector de la población, al carecer de prestaciones, pero no son los únicos.
"Al analizar el mercado laboral, hay otros fenómenos emergentes de desprotección que en paralelo a la globalización comenzaban asimismo a llamar cada vez más la atención, en la medida que se trata de formas de vinculación a los procesos productivos de individuos que aportan su fuerza de trabajo para empresas perfectamente constituidas e incluso para instituciones, privadas o públicas, a quienes se les paga por fuera de nómina básicamente para eludir las contribuciones patronales a la seguridad social, situación que es posible encontrar en cualquier tamaño de unidad".
Aspectos de este sector
En el análisis, destacó que el esquema actual para medir la informalidad va más allá, al identificar tanto formas tradicionales como nuevas de vulnerabilidad laboral que carecen de todo tipo de garantías y que no necesariamente gravitan en torno a las modalidades típicas de dicho sector.
El enfoque de Sector Informal se centra en las características de las unidades económicas no agropecuarias que no se constituyen como empresas y que no cumplen con los registros más básicos que la legislación demanda de proveedores de bienes y servicios. El ambulantaje es un caso paradigmático al respecto, explicó.