El debate del domingo (en que celebramos el Día de la Tierra) entre los candidatos a la Presidencia de la República será sobre seguridad y violencia; corrupción e impunidad; democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. Todos son temas que impactan a los recursos naturales de la Nación.
La ilegalidad es el principal reto ambiental para quien gane la Presidencia. ¿Lo abordarán los candidatos? Lo dudo. Deberían, por su importancia para la salud pública, seguridad alimentaria, hídrica, energética y justicia social. Los recursos naturales son un asunto de seguridad nacional y como tal deben ser tratados. Siendo así, no perdamos la esperanza que los candidatos nos sorprendan y manifiesten, por lo menos, su compromiso de hacer cumplir la ley para salvaguardar nuestro patrimonio natural en beneficio de todos, particularmente de los grupos más vulnerables y 15 millones de indígenas.
Los candidatos también deberían comprometerse a proteger a los defensores ambientales. Según Global Witness y Brigadas Internacionales de Paz, México es ahora el cuarto país (después de Brasil, Filipinas y Colombia) más peligroso para quienes luchan por proteger su tierra, recursos naturales y denuncian la corrupción relacionada con su explotación. Antes ocupaba el puesto 14.
De acuerdo con estas organizaciones los activistas mexicanos y sus familias enfrentan amenazas, ataques y hostigamiento, y los defensores comunitarios e indígenas -particularmente las mujeres- son los más afectados. La mayoría de los defensores ambientales mueren en bosques o poblados remotos afectados por la industria agropecuaria, minera y la tala ilegal.
Lo primero es reconocer el desafío: la atención a los problemas que afectan los recursos naturales no está a la altura de lo que la sociedad necesita y demanda. Y esto se refleja en los altos niveles de deforestación, sobrepesca y pérdida de biodiversidad. Dos ejemplos.
Según Global Forest Watch México perdió tres millones de hectáreas de bosques/selvas en 2001-2016, y la deforestación ese último año creció 36%, es decir, en un año perdimos 253 mil hectáreas -100 mil más que el promedio en 2010-2015. El cambio de uso del suelo y tala ilegal fueron las causas principales.
La pesca en México está en crisis. El Imco estimó que en 2013 la pesca ilegal representó un 45-90% adicional a la producción nacional oficial. Además, los subsidios a la pesca y acuacultura representan 35% de su valor agregado bruto, y se utilizan para aumentar la capacidad de extracción; poco se destina a conservar las especies explotadas y mejorar tecnologías de captura y producción.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se creó en 1992 para detener el creciente deterioro ambiental. No se avanzó en la protección de recursos naturales por su baja prioridad en la política federal, estatal y municipal. Hoy la Profepa cojea por una estructura débil ante la magnitud del problema, la falta de recursos humanos y materiales, y la compleja relación con otras agencias procuradoras de justicia. El primer paso para que pueda cumplir con su cometido es dotarla de autonomía administrativa y personalidad jurídica propia. No puede ser juez y parte.
México es un país de pobres. En 2016 ocupó el lugar 77 entre 187 naciones en el índice de desarrollo humano de la ONU. Según el Coneval, ese año 53 millones de compatriotas vivían en situación de pobreza (9 millones en pobreza extrema, 44 millones en pobreza moderada), 21 millones en rezago educativo y 24 millones en carencia por acceso a la alimentación.
La pobreza es la principal amenaza para nuestra estabilidad política y futuro como Nación. Sólo podremos erradicarla con un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Y esto sólo será posible en un clima de legalidad, de seguridad y de paz.
Ojalá que el medio ambiente merezca la atención de los candidatos en el segundo debate. ¿Será pedir mucho?
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