Si la esencia del debate en las actuales elecciones por la Presidencia de la República, se ubica en el tema de la corrupción, la confrontación del gobierno de Enrique Peña Nieto con el gobierno y el pueblo de Chihuahua, es un factor decisivo en la contienda. Lo anterior porque la justicia local, ha probado que hubo un traspaso masivo de recursos federales a las arcas del PRI nacional, que fueron triangulados a través del ex gobernador prófugo César Duarte, para financiar las campañas de ese partido, en las elecciones locales de 2016.
A esa luz, la oferta de combate a la corrupción del Frente por México que encabeza Ricardo Anaya, está avalada por los esfuerzos de los gobernadores de Chihuahua y de otros Estados como Veracruz, Tamaulipas Quintana Roo y Nayarit, en los que gobiernos emanados de alianzas PAN-PRD que luchan por un cambio de fondo, han puesto el ejemplo emprendiendo procesos judiciales que han conducido a demostrar la verdad, y a poner en prisión a ex gobernadores y sus cómplices.
El caso de Chihuahua es ejemplar, porque el gobernador Javier Corral con la Ley en la mano y el apoyo de su pueblo, está dando la lucha en contra del llamado Pacto de Impunidad, que consiste en un acuerdo expreso o tácito entre políticos de diversos colores, que se tapan con la misma cobija bajo el principio: Hoy por mí, mañana por ti. En ese contexto irrumpe el enésimo intento de Peña Nieto por controlar el proceso seguido en contra del ex gobernador César Duarte, mediante la ejecución de una orden sorpresiva de traslado para sacar de la jurisdicción estatal al secretario nacional del PRI Alejandro Gutiérrez, con la intención de entregarlo a un Juez Federal a modo, que dé carpetazo al expediente.
En el escenario descrito, la Presidenta Nacional del Partido Morena Yeidckol Polevnsky, bautizada como Citlali Ibañez Camacho o como se llame, se lanza en defensa de la corrupción con una declaración cínica según la cual, el jerarca priísta procesado en Chihuahua, es preso político. Dicha declaración aunada a la cargada de lo peor del PRI en favor de López Obrador, revelan que existe un obscuro arreglo PRI-Morena, que pretende mantener a los mexicanos en el mismo agujero, con el agravante populista.
Tratando de eludir las reacciones adversas que ha provocado, la Polevnsky enseguida recula, alegando que su dicho fue sacado de contexto, con lo que Yeidckol o Citlali, cualquiera que sea su nombre, hace suyo el estilo del Peje, que suele decir a cada auditorio lo quiere escuchar. La estrategia del Partido Morena da por hecho que la mayoría de los mexicanos nos chupamos el dedo, pero la contradicción constante e irresoluble en el discurso de López Obrador y compañía, es más evidente cada vez, y debilita en forma creciente la credibilidad y la base electoral del Peje, de cara a los próximos comicios.
La alianza inconfesable PRI-Morena tiene su explicación en el ya descrito Pacto de Impunidad, que amalgama al sistema político mexicano desde hace cien años, y que brinda a la cúpula del poder, la posibilidad de actuar desde los extremos, acaparando todos los escenarios alternativos posibles, a fin de mantener el control. Basta recordar el ejercicio pendular de izquierda a derecha, movido al ritmo de los intereses del viejo PRI durante el siglo pasado, para entender el porqué de nuestro sub desarrollo social, político y económico, que deriva precisamente de los continuos bandazos de un extremo a otro, lo que impide realizar proyectos de largo plazo, sobre criterios inspirados en el bien común de la sociedad.
La candidatura de Anaya y el Frente por México ofrecen la oportunidad de salir de la trampa histórica del Pacto de Impunidad, construyendo desde la pluralidad, instituciones de centro abiertas a la diversidad, y por medio de acciones concretadas a través de un diálogo entre todos los actores políticos a la luz del día. Resulta inadmisible que una oligarquía burocrática de la peor ralea, siga manipulando nuestra vida pública, en base a pactos cupulares hechos en lo obscuro a espaldas de la sociedad.