Falla despliegue de militares
Durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) se rompió el récord en elementos militares desplegados para contener la violencia, pero también el número de homicidios.
El año más violento del período del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fue el 2011, durante el cual estuvieron en servicio 52 mil 690 efectivos en promedio mensualmente para combatir al crimen organizado en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas, Sonora y Guanajuato, detalla el diario Reforma.
Con la llegada de Peña Nieto se aprobó una nueva estrategia de seguridad durante la cual se redujo el número de militares a 34 mil 529 en 2013, la mayoría ubicados en Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajauto y Michoacán.
Pero en 2018 ante el aumento de homicidios, el gobierno peñista tuvo que recurrir a 54 mil 980 militares para "frenar" la violencia, ahora en un mayor número de estados, de acuerdo a cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A la fecha, mayo ha sido el mes con más homicidios en la historia reciente de México por el número de asesinatos registrados de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En total, Procuradurías y Fiscalías estatales iniciaron 2 mil 530 carpetas de investigación por homicidio doloso.
Anteriormente el mes con más crímenes de este tipo también había sido en mayo, pero de 2011.
El gobierno de Calderón terminó su período con 102 mil 327 carpetas de investigación por homicidio doloso; el de Peña Nieto hasta el último día de mayo lleva 109 mil 550.
De acuerdo a información de la Sedena, el grueso de los militares se encuentra repartido ahora en 20 estados de la República: Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Sonora, Tamaulipas, Colima, Sinaloa, Jalisco, Tabasco, Nayarit, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo.
Las Fuerzas Armadas llevan dos sexenios, Calderón y Peña, pidiendo al Congreso una reforma a la Ley de Seguridad Interior.
En el 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los militares podían actuar como auxiliares de las policías en la lucha contra la delincuencia, pero a la fecha las fuerzas armadas no cuentan con seguridad jurídica en las operaciones donde han aumentado las violaciones a los derechos humanos.