La ciudadanía debe saber que el miércoles 3 de octubre, representantes de comunidades y organizaciones de la sociedad civil de países como México, Argentina y Colombia, expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos actuales y potenciales que la técnica de fractura hidráulica, conocida como fracking, utilizada para extracción no convencional de hidrocarburos, tiene sobre los derechos humanos y el ambiente.
Siete representantes de miles de comunidades afectadas por el uso de esa técnica en América Latina buscan que el organismo internacional presione a los países para prohibir la fractura hidráulica y con eso recuperar la tranquilidad de la vida social.
En Boulder, Colorado, Estados Unidos, la audiencia se realizó en respuesta a una petición suscrita por 126 organizaciones de 11 países de América, en el marco del 169 período ordinario de sesiones que la CIDH celebró en la semana que termina.
Durante la reunión, la Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, apuntó que el número de organizaciones que respalda la solicitud da cuenta de la preocupación que esta técnica genera. Enfatizó que la documentación de impactos y casos que se expusieron durante la audiencia será clave para la agenda de empresas y derechos humanos, así como para el estándar interamericano que se impulsa en dicha materia.
La principal solicitud a la CIDH y a las Relatorías para los diversos países, en el marco de la audiencia, fue instar a los Estados a que adopten medidas eficaces y oportunas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la aplicación del Principio de Precaución frente a posibles daños ambientales a causa del fracking. Para ello, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking brindará respaldo técnico y documentación en seguimiento de la audiencia.
"En América Latina el fracking se realiza sin informar y consultar a la población afectada, vulnerándose su derecho a información, participación, consulta y consentimiento previos", destaca Liliana Ávila, abogada Senior de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental.
La demanda de agua para esta actividad compite con el uso de agua para el consumo humano, subrayó; "y la contaminación que produce en aguas, suelos y aire, afecta gravemente el disfrute del derecho al medio ambiente sano y compromete el goce efectivo de otros derechos como vida digna, integridad personal, salud, alimentación, agua y vivienda adecuada".
En México hay actividad de fracking en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla.
En la audiencia se enfatizó que las mujeres sufren desproporcionadamente los impactos de esta actividad debido a daños potenciales a su salud reproductiva y a que la falta de acceso al agua provocada por la sobreexplotación y contaminación que el fracking conlleva, tiene un impacto mayor sobre ellas debido a los roles de cuidado socialmente asignados.
En México, "específicamente en Papantla, Veracruz -que de acuerdo a solicitud de acceso a información es el municipio con mayor número de pozos de fracking en el país-, donde la población pertenece al pueblo indígena Totonaku, esta técnica ha provocado el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesianos, con lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes de agua y han visto comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida", manifestó Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF).
En México, el número de pozos de fracking supera los 3 mil 350.
La delegación latinoamericana reportó crecimiento de uso de fractura hidráulica en el continente.
A pesar de ese incremento, se ha avanzado en prohibiciones y restricciones al fracking en tres estados de Estados Unidos, en Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos y en al menos 72 municipios de Brasil.
La expansión de esta técnica está causando y puede causar graves impactos en los derechos humanos, advierte la AMCF.
El avance del fracking representa una amenaza para la consolidación del marco jurídico que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos viene impulsando y que incluye las obligaciones de los Estados y la protección internacional a los derechos humanos y el ambiente. Ni más ni menos.
En tanto, pendiente está en el nuevo Senado mexicano la prohibición del fracking.
@kardenche