Auditoría pide al IEPC Durango información sobre sus proveedores de material electoral
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango recibió un requerimiento de información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las adquisiciones realizadas y las empresas proveedoras, en medio de los cuestionamientos nacionales por la contratación de material y documentación electoral.
Roberto Herrera Hernández, consejero Presidente del IEPC, explicó que hace aproximadamente 10 días la ASF solicitó datos sobre las adquisiciones efectuadas por el organismo, los productos comprados y las empresas contratadas. Pero aclaró que, hasta este lunes, se trataba de un requerimiento de información y no de una investigación derivada de una denuncia o de alguna irregularidad detectada en el instituto.
El Consejero Presidente negó que el IEPC haya recibido instrucciones para contratar con determinadas empresas y sostuvo que las adquisiciones de mayor monto se someten a licitación pública nacional, conforme a la normatividad. Según explicó, el procedimiento permite la participación de las compañías interesadas y evita que exista una designación directa de proveedores.
También reconoció que el mercado de producción de documentación y material electoral está concentrado en apenas cuatro o cinco empresas, por lo que los organismos de las 32 entidades federativas necesariamente recurren a ese grupo reducido de proveedores.
Sobre las próximas elecciones del 2027, Herrera Hernández consideró que la revisión de las contrataciones nacionales podría derivar en criterios para definir con qué empresas podrán trabajar los organismos electorales. Advirtió que la demanda de documentación será considerable, debido a los procesos locales y federales previstos, para los que se requerirán cientos de millones de boletas y materiales. Insistió en que una eventual irregularidad de una empresa en alguna entidad no implica automáticamente que sus contratos con los otros organismos electorales también hayan sido indebidos.
Respecto a las compras realizadas por el IEPC durante su gestión, aseguró que el instituto ha tenido seis años consecutivos con Cuentas Públicas aprobadas y que es fiscalizado por el INE, la Contraloría del Estado, la Contraloría Interna, la ASF y la Auditoría Superior del Estado. También defendió la adquisición de guayaberas con distintivos de comunidades originarias y el logotipo institucional, al señalar que forman parte de la identificación del organismo y que su contratación se realizó con transparencia.