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La muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS ya es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR). El abogado de las familias, Fermín Flores Ayala, afirmó que hubo un error humano, por lo que surge una pregunta: ¿qué penas podrían imponerse si se demuestra que alguna persona tuvo responsabilidad en los fallecimientos?
Una posibilidad es que los hechos se investiguen como homicidio culposo, es decir, una muerte causada sin intención, pero relacionada con el incumplimiento de un deber de cuidado. La calificación del delito dependerá de lo que determine la FGR a partir de las pruebas.
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¿De cuántos años podría ser la pena?
El Código Penal Federal establece que, para el homicidio culposo, puede imponerse hasta la cuarta parte de la pena prevista para el homicidio simple intencional. Este último se castiga con 12 a 24 años de prisión, de modo que el máximo de referencia sería de seis años.
Eso no quiere decir que ya exista una persona acusada ni que se vaya a imponer esa pena. La investigación debe establecer qué ocurrió en cada uno de los cinco casos, quién tenía a su cargo los procedimientos involucrados y si alguna acción u omisión contribuyó a las muertes.
Tampoco se pueden multiplicar automáticamente los seis años por los cinco fallecimientos. Una eventual sentencia dependería de los hechos acreditados y de cómo se formulen las acusaciones.
¿Podrían impedirles ejercer su profesión?
Si se demuestra que un profesionista o alguno de sus auxiliares cometió un delito durante el ejercicio de sus funciones, el Código Penal Federal contempla, además de la pena por ese delito, la suspensión del ejercicio profesional de uno a dos años y la reparación del daño. En caso de reincidencia, la suspensión podría ser definitiva.
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De manera independiente, el IMSS podría determinar responsabilidades laborales o administrativas. Esas medidas siguen un procedimiento distinto al de la investigación penal.
Por ahora, la afirmación del abogado sobre un error humano es una postura de la representación de las familias, no una conclusión judicial. Para que se imponga una pena, la FGR tendría que demostrar qué deber de cuidado se incumplió, quién debía cumplirlo y qué relación tuvo esa falla con el fallecimiento de cada bebé.