(Canva)
Recientemente se ha dado a conocer por medio de una investigación periodística por parte del medio Emeequis, que se han congelado todas las operaciones bancarias del gobernador del estado de Sinaloa y de otros imputados, poco después de que el Congreso de la entidad le autorizara una licencia temporal. Esto nos deja con la incógnita: ¿a qué se debió esta orden?
¿Congelamiento de cuentas?
De acuerdo con la información recabada en la nota informativa firmada por el periodista Jorge García Orozco, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó ejecutar un bloqueo a las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y demás relacionados.
Esto según el Acuerdo 156/2026, emitido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con fecha del día 06 de mayo de 2026 por parte de la propia UIF, medio por el cual se procedió a la suspensión de sus operaciones bancarias y al congelamiento de los activos dentro del sistema financiero mexicano.
Dentro de los involucrados figuran los hijos del gobernador sinaloense: Ricardo Rocha Ruiz, José de Jesús Rocha Ruiz y Rubén Rocha Ruiz. A su vez se encuentran funcionarios como el senador Enrique Inzunza Cázares; el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, entre otros más.
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¿Qué motivó esta decisión?
La solicitud se llevó a cabo debido a una acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en el cual se le adjuntan al mandatario estatal y a otros nueve funcionarios de la entidad federativa (tanto activos como retirados) múltiples crímenes.
Entre estos se destaca el presunto vínculo con el Cartel de Sinaloa, específicamente su facción conocida como 'Los Chapitos', a quienes, desde el año 2021, les ofreció encubrir la importación ilegal de narcóticos a los Estados Unidos y demás operaciones ilícitas a cambio de apoyo para llegar al poder.
Este suceso se suma a la narrativa ya presente, desde que autoridades estadounidenses dieron a conocer los cargos que se le imputaron a Rocha Moya, a su vez, emitiendo al Gobierno de México una orden de aprehensión de caracter urgente con fines de extradición a finales del mes de abril.