Aun en la miseria existen diversos grados, niveles y distinciones. Se ha dicho que los más pobres de los pobres son los indígenas, pero los más pobres de los pobres de los indígenas son las mujeres indígenas. Esto viene a tema con motivo del sonado asunto judicial de que se han venido ocupando los medios esta semana. Se trata de doña Jacinta Francisco Marcial, mujer mexicana por añadidura indígena de la región de Mexquititlán en el estado de Querétaro. Doña Jacinta estuvo presa por más de tres años como otro caso típico de nuestra justicia y que pone de manifiesto la manera como opera la aplicación del derecho en este país. Y es que cuando el Estado tiene interés en una averiguación previa practicada por el Ministerio Público Federal, las cosas se sesgan del lado de la arbitrariedad, el abuso y la corrupción. Al respecto tenemos muy fresco el caso de Acteal en donde fue necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para deshacer el entuerto y soltar a algunos de los acusados y sentenciados. Las investigaciones en que el Estado tiene algún interés jamás son integradas con apego a derecho. Es el caso de Jacinta Francisco Marcial, a quien se le acusó de haber plagiado a seis agentes de la AFI, con motivo de un operativo de decomiso en un tianguis de mercancía "pirata". En el evento, los agentes federales irrumpieron perfectamente armados y se dedicaron a secuestrar la mercancía que vendían los indígenas. Esto calentó los ánimos y se originó un conato de gresca, que finalmente se atemperó cuando los agentes federales y los comerciantes ambulantes decidieron dialogar en un local. Ya en su interior se encendieron los ánimos y finalmente ya no se dejó salir a los policías federales del AFI armados hasta los dientes, del local en que se dialogaba. Horas después, los agentes federales fueron a rescatar a sus compañeros de manos de las señoras indígenas que los tenían secuestrados, lo que fue suficiente para nuestros jueces tipificar los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad. Pero como se trataba de vendedores ambulantes y además indígenas y además, lo que es peor, mujeres, se les consignó ante un juez federal. Uno se pregunta: ¿por qué no se castiga con igual rigor y celo punitivo a los cientos de asesinos que andan descabezando mexicanos, asaltando casetas y locales policiacos y levantando a todo tipo de autoridades ministeriales, jefes policiacos y ex jefes de Policía? En México existe una zona llamada de confort en donde habitan y desplazan con toda tranquilidad miles de mexicanos que a diario violan las leyes. En nuestras narices vemos y sabemos repetidamente de la comisión de delitos y no existe autoridad que les aplique la ley. Solamente a través de los medios, las injusticias llegan a ser atendidas. Son los medios con su terca insistencia los que logran levantar el velo que cubre algunos expedientes amañados y pletóricos de dislates jurídicos. Parecería que una maldición nos ha caído en este país desde los tiempos de la Conquista y hasta nuestros días, de que en México jamás de los jamases se podrá administrar la justicia en los términos de la ley y que las leyes no se aplicarán nunca por igual a todos. Aún quedan otros indígenas presos. Por lo pronto ya soltaron a doña Jacinta después de haber sufrido más de tres años en una cárcel mexicana (que ya es sufrir) con un simple: "Usted dispense"... y ya.
