Ilustrativa
Desde finales de 2023, autoridades de Durango y Zacatecas han reconocido la existencia de denuncias relacionadas con la operación de falsos agentes y retenes apócrifos utilizados para extorsionar a migrantes y paisanos que transitan por carreteras de la región.
El antecedente de 2023
El 27 de diciembre de 2023, luego de una reunión entre autoridades de Durango y Zacatecas por la presunta desaparición de migrantes centroamericanos en la frontera entre ambas entidades, el entonces secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la detección de un grupo delictivo que utilizaba uniformes y patrullas clonadas.
En ese momento, el funcionario advirtió públicamente sobre el riesgo que representaban estos grupos para quienes transitaban por la región y señaló: “Se detectó la presencia de personas que se hacen pasar por autoridades, utilizando patrullas y uniformes apócrifos para detener a migrantes y exigirles dinero”.
De acuerdo con la información difundida en ese momento, los impostores se hacían pasar por elementos de seguridad para interceptar a migrantes y paisanos que circulaban por la zona, principalmente durante la temporada decembrina, cuando aumenta el regreso de connacionales a México.
Las denuncias señalaban que personas uniformadas, utilizando imagen institucional de corporaciones de seguridad de Durango, exigían pagos a migrantes bajo amenaza de privarlos de la libertad si se negaban.
Las autoridades reconocieron entonces que el grupo operaba en la región de Cuencamé, Durango, y que habría extendido sus actividades hacia Zacatecas, aprovechando zonas carreteras con poca vigilancia y escasa o nula señal telefónica.
En aquel momento se anunció una coordinación entre fiscalías, secretarías de seguridad, zonas militares y Guardia Nacional para reforzar la vigilancia carretera y ubicar a los integrantes de dicha organización.
En 2026, SSP negó reportes de retenes falsos
Meses antes de los hechos más recientes, el secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Galván Villarreal, fue cuestionado sobre la posible presencia de retenes falsos en Durango.
El 25 de marzo de 2026, el funcionario afirmó que en la entidad no se tenían reportes de este tipo y aseguró que los puntos de revisión instalados por las autoridades estaban plenamente identificados. También explicó que los operativos se habían reforzado con unidades móviles tipo camper, utilizadas como oficinas itinerantes debidamente señalizadas.
Ante cuestionamientos por videos difundidos en redes sociales donde paisanos denunciaban presuntas extorsiones en carreteras del país, Galván Villarreal sostuvo que en Durango no existían reportes formales de esos hechos.
No obstante, indicó que se mantendría vigilancia especial durante el tránsito de paisanos, con participación de corporaciones estatales y Guardia Nacional, y advirtió que no se permitiría que elementos de seguridad actuaran fuera de los protocolos.
El caso más reciente en Guadalupe Victoria
El aseguramiento de presuntas patrullas clonadas durante un cateo en una finca de Guadalupe Victoria volvió a colocar estos antecedentes en el centro de la discusión.
El operativo ocurrió en la localidad La Purísima, donde elementos del Ejército Mexicano intervinieron un inmueble presuntamente utilizado para actividades ilícitas. En el lugar fueron aseguradas armas de fuego, equipo táctico, vehículos de lujo y dos unidades que inicialmente fueron señaladas como patrullas estatales con reporte de robo.
Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública de Durango se deslindó de dichas unidades y sostuvo que no se trataba de patrullas oficiales robadas, sino presuntamente clonadas. La dependencia informó que no cuenta con unidades perdidas ni reportadas como robadas y que las características de los vehículos apuntarían a una posible simulación de unidades policiales.
Hasta ahora, la autoridad no ha informado si esas unidades fueron utilizadas para instalar retenes falsos, extorsionar ciudadanos o suplantar a corporaciones de seguridad. Tampoco se han reportado personas detenidas por el cateo.
Un hallazgo que exige investigación
El aseguramiento de unidades con apariencia policial no confirma por sí solo la existencia actual de retenes falsos en Durango, pero sí abre una línea de investigación relevante: determinar para qué eran utilizadas, quién las operaba, cómo fueron modificadas y si existen víctimas relacionadas con su uso.
El antecedente de 2023 muestra que la clonación de patrullas y uniformes no es un riesgo hipotético. En ese momento, la propia autoridad reconoció denuncias de migrantes que aseguraban haber sido interceptados por personas que se presentaban como agentes de seguridad para exigir dinero o amenazar con privaciones de la libertad.
Por ello, el caso en Guadalupe Victoria vuelve a poner el foco en la seguridad carretera, especialmente para migrantes y paisanos que cruzan por Durango en temporadas de alta movilidad.
Lo que sí queda claro es que el hallazgo de vehículos con apariencia policial en un inmueble donde también fueron aseguradas armas, equipo táctico y unidades de lujo representa un hecho de gravedad que deberá ser esclarecido por las autoridades competentes.
¿Qué debe revisar la autoridad?
Entre los puntos pendientes está confirmar si las unidades aseguradas contaban con códigos, colores, logotipos, luces, números económicos o características similares a las patrullas oficiales de Durango.
También será clave establecer si esos vehículos fueron utilizados en carreteras, si existen denuncias previas que coincidan con sus características y si formaban parte de una estructura dedicada a simular operativos de seguridad.
Mientras no exista una conclusión oficial, el caso debe tratarse con cautela; pero por sus antecedentes, no puede ser minimizado.
La presencia de patrullas clonadas representa un riesgo directo para la confianza ciudadana, pues permite que grupos delictivos se aprovechen de la imagen de las instituciones para detener, intimidar o extorsionar a personas que creen estar frente a una autoridad legítima.
En una entidad de paso para miles de paisanos cada año, el uso ilegal de insignias, uniformes o vehículos oficiales no solo compromete la seguridad pública: también afecta la confianza de quienes transitan por las carreteras del estado.