Dan prisión preventiva a exgobernador y a 7 personas más por contrabando de combustible
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de ocho personas señaladas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, como resultado de una investigación relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
De acuerdo con la institución, tras una audiencia que se prolongó por más de un día, el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación en contra de Ernesto, Ricardo, José María, Guillermo, Juan, Luis, Adriana y José.
¿Dónde fueron recluidos?
Al concluir el debate inicial, el juez impuso prisión preventiva a Ernesto, Ricardo, José, Juan y Luis, quienes permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", ubicado en el Estado de México.
En tanto, José María y Guillermo permanecerán bajo resguardo en sus domicilios debido a su estado de salud, mientras que Adriana fue internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, conforme a la resolución judicial.
La FGR informó que las defensas de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando se determine si son o no vinculados a proceso.
¿De qué son acusados los ahora detenidos?
Las detenciones fueron realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, derivadas de una investigación considerada de alta complejidad sobre una presunta red dedicada al manejo irregular de combustibles.
Según las indagatorias, el esquema de contrabando consistía en ingresar hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, reportando menores volúmenes de combustible o haciéndolos pasar por otros productos con el propósito de evadir el pago de impuestos.
La Fiscalía señaló que este tipo de prácticas ocasiona un importante daño económico al país y, además, representa una fuente de financiamiento para organizaciones criminales, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y deslindar responsabilidades.