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Las amenazas de posibles tiroteos vuelven a alterar la tranquilidad de las comunidades escolares de Durango. Mensajes escritos en baños, movilizaciones policiales y ausentismo han marcado los últimos días, mientras existen propuestas legislativas para establecer sanciones específicas.
Este viernes 16 de octubre se reportó una amenaza en el CBTIS 110 y, en un hecho distinto, el aseguramiento de una réplica de arma a un alumno de la Secundaria Técnica 67, plantel donde días antes apareció otro mensaje intimidatorio.
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Los casos que encendieron las alertas
En el CBTIS 110, ubicado en el fraccionamiento Las Fuentes, una orientadora encontró en el baño de mujeres un mensaje que advertía sobre un supuesto tiroteo. El hallazgo fue comunicado a los directivos y generó la intervención de autoridades de seguridad.
El martes 13 de octubre se había localizado una amenaza en un baño de la Técnica 67, José Santos Valdés. Aunque se mantuvieron las clases y se reforzó la vigilancia, el miércoles faltó más de la mitad del alumnado.
Ese mismo miércoles se reportó otro mensaje en los baños de la Telesecundaria 243, República y Libertad, del poblado 5 de Mayo.
A estos tres reportes se suma el aseguramiento de la réplica este viernes en la Técnica 67. Se trata de un incidente distinto: su hallazgo no demuestra, por sí mismo, que el estudiante sea responsable de la amenaza anterior.
¿Qué castiga actualmente la ley?
El artículo 174 del Código Penal de Durango establece de tres meses a un año de prisión y multa de 18 a 72 veces la Unidad de Medida y Actualización para quien amenace a otra persona con causarle un mal o intente impedir mediante amenazas que ejerza un derecho.
Que la agresión anunciada no ocurra no elimina automáticamente una posible responsabilidad. Sin embargo, cada caso requiere investigación para identificar al responsable y determinar si se cumplen los elementos del delito.
El artículo 175 dispone que, si la amenaza se ejecuta, se acumularán la sanción correspondiente y la del delito que resulte.
¿Ya aprobaron penas específicas para amenazas escolares?
En mayo se presentó ante el Congreso de Durango una iniciativa para crear el delito de amenaza de violencia escolar mediante medios digitales.
El proyecto propone de uno a tres años de prisión y una modalidad agravada de dos a cinco años, por circunstancias como provocar evacuaciones, interrumpir actividades escolares o movilizar cuerpos de emergencia.
Al corte de esta revisión, el 16 de octubre, no se localizó un decreto que confirme su entrada en vigor. El Código Penal disponible en el portal del Congreso no incorpora el artículo 174 Bis planteado.
Además, la propuesta se refiere a medios digitales: no debe suponerse que su redacción abarcaría automáticamente cualquier mensaje escrito en un baño.
¿Qué otras reformas se han planteado?
También existen iniciativas para atender amenazas y difusión de información falsa que afecten las actividades educativas.
El 14 de octubre, el Congreso informó sobre otra propuesta para proteger a docentes, directivos y personal administrativo frente a amenazas, acoso y acusaciones deliberadamente falsas. Su alcance es distinto al de una figura específica para amenazas de ataques contra planteles y tampoco debe presentarse como una reforma vigente.
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¿Qué ocurre si el responsable es menor de edad?
Las penas previstas para adultos no se aplican automáticamente a estudiantes menores de edad. Entre los 12 y los 17 años corresponde el sistema especializado de justicia para adolescentes; los menores de 12 están exentos de responsabilidad penal.
La legislación nacional también prohíbe imponer sanciones privativas de libertad a quienes tenían entre 12 y menos de 14 años al cometer la conducta. Las medidas dependen de la edad y de los hechos acreditados.
Los nuevos reportes ocurren después del ataque del 1 de octubre en la Secundaria 13 de Torreón, donde murió la subdirectora. En Durango, determinar cuáles amenazas carecen de sustento exige investigar cada caso, sin asumir de antemano que son bromas.