(Canva)
Un jefe del ejecutivo estatal se encuentra planificando y gestionando una petición relacionada a su retiro del cargo de forma anticipada, esto luego de que fuera señalado por ciertos nexos con una banda criminal. A continuación te explicamos la situación general de la solicitud y los motivos por los que se le acusa.
¿En qué consiste su solicitud?
Recientemente, el exjefe de policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) y anterior miembro de la Unidad Antisecuestros, Alberto Jorge Contreras Núñez, se encuentra actualmente organizando su jubilación anticipada.
La iniciativa fue enviada directamente al Congreso del Estado a nombre la actual gobernadora interina Yeraldine Bonilla Verlarde, quienes le han dado una lectura inicial; en esta misma el previo jefe policíaco solicita, además del retiro antes mencionado, una pensión cotizada con un monto de 67 mil 477 pesos mensuales al considerarse apto para obtener este beneficio monetario.
De igual forma, el Congreso tendría que analizar la petición y determinar si se le concede el retiro más la pensión, esto debido a que se encuentra dentro de la lista de los funcionarios públicos que el Gobierno de los Estados Unidos ha emitido, de los cuales exige una orden de aprehensión inmediata con fines de extradición.
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¿Imputado por nexos ilícitos?
De acuerdo con las acusaciones establecidas por cuerpos de la ley provenientes del país norteamericano, al exjefe de policía se le imputa el haber contado con vínculos con Los Chapitos durante su gestión, junto a otros funcionarios activos y retirados del Gobierno de Sinaloa, incluyendo a Rubén Rocha Moya, actual gobernador de la entidad con licencia activa para separarse de su puesto desde mayo de 2026.
Continuando con los motivos detrás de la solicitud de extradición en su contra, se le acusa a Contreras Núñez de recibir sobornos del grupo criminal sinaloense, a cambio de no arrestar a ninguno de sus integrantes durante sus operaciones ilícitas y colaborar con ellos para atacar a sus oponentes.
Esto también incluiría la autorización de su tránsito con armas de fuego y la venta de sustancias psicotrópicas en las calles, además de informar y alertarles acerca de incautamientos planificados e investigaciones llevadas a cabo por parte de las autoridades federales.