(Canva, archivo)
Durante el mes de julio, se dio lugar a un caso que provocaría descontento a nivel nacional: la muerte de la menor de 13 años, Dafne Zapata Quintos. Dicho suceso ocurrió en una escuela militarizada durante sus vacaciones, el cual tuvo como resultado múltiples movimientos y propuestas de leyes contra la brutalidad en instituciones de este tipo.
Escuela Militar
Todo comienza el día lunes 13 de julio de 2026; la menor de edad y su madre se trasladaron desde su hogar en el municipio El Mante, Tamaulipas, hacia Ciudad Madero, para que Dafne ingresara a la Academia Militarizada de Marina Doenitz.
En dicha institución pasaría sus días de verano, hasta el fin de sus actividades programadas para el 31 de julio de 2026.
Días después de haber comenzado con las actividades en la academia, Alejandra Quintos recibió un vídeo por parte de la encargada del área femenil, en el que se aprecia a la joven de 13 años con un hematoma (moretón).
Su hija también envió un vídeo a su madre, donde se veía el mismo moretón en el rostro de Dafne, mientras enunciaba las palabras: «Hola, mami… Me caí, estoy bien.»
De acuerdo con el personal de la academia, Dafne habría sufrido una caída que provocó el moretón, para después ser llevada a un médico por su desmayo por una presunta baja de presión.
La muerte de Dafne
El día 16 de julio, la madre de la menor recibió dos llamadas con una diferencia de una hora entre sí; en la primera le indicaron que Dafne padecía de tos, mientras que en la segunda le notificaron que su cuerpo sucumbió mientras estaba en las duchas, declarando su fallecimiento en el recinto.
Después de anunciar la muerte de la joven de Zapata Quintos, las autoridades acudieron a la institución en la madrugada del 17 de julio para asegurar el cuerpo y trasladarlo de vuelta a su ciudad natal, mientras su madre y demás familiares protestaban frente a las instalaciones de adiestramiento militar en Ciudad Madero, exigiendo justicia por la adolescente.
Posteriormente, el cuerpo fue enterrado y velado el día 18 de julio en El Mante, tras despedidas de amigos y familiares.
No obstante, antes de la protesta, Quintos le comunicó a las autoridades las inconsistencias que había detectado al recibir el cuerpo, con declaraciones que aseguraban que el cuerpo ya se encontraba manipulado por el personal de la academia, por lo que pidió que lo tomaran en cuenta para esclarecer el caso.
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Ley Dafne
El mismo 18 de julio del año en curso, abogados y actuarios solicitaron el desalojo de la edificación, para que las autoridades pudieran llevar a cabo el registro del lugar, la toma de muestras y la recolección de pistas para el caso.
Los días 19 y 20 de julio, los resultados de la necropsia obligatoria fueron publicados: su muerte se debió a asfixia por exceso de líquidos en los pulmones, junto a señales de traumas craneofaciales; resultados que chocaban con los testimonios dados por el personal de la escuela militar.
A la vez que se publicaron los resultados, múltiples exalumnos de la academia militarizada expusieron sus casos en redes, donde afirmaban que se ejecutaban castigos de carácter cruel e inhumano al alumnado en su estancia.
El 20 de julio, Alejandra Quintos presentó una propuesta legislativa al Congreso de la Unión y al Senado de la República, con el nombre “Ley Dafne”, cuyo fin es el de prevenir reprimendas excesivas y tratos despectivos hacia los menores de edad inscritos a este tipo de academias.
Fue así como la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas anunció que el caso fue reclasificado como un feminicidio y sería tratado con los protocolos correspondientes, anuncio que la familia usaría para solicitar el arresto de los responsables del incidente en la Fiscalía Especializada, presionando a la dependencia con bloqueos viales al día siguiente.
En una conferencia de prensa matutina ocurrida el 22 de julio, Claudia Sheinbaum pronunció sus opiniones respecto al tema.
Indicó que cada gobierno de todas las entidades es responsable de administrar este tipo de instituciones, por lo que pidió al gobierno de Tamaulipas realizar una investigación interna.
«Es el gobierno del estado el que debe hacer toda la investigación y revisar cómo operan estos centros. Se tiene que hacer justicia, obviamente».